La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a negar todas las polémicas e irregularidades protagonizadas por su pareja, Alberto González Amador, y que se han cernido sobre la vivienda en la que reside junto a él. "Todo lo que indica es absolutamente falso", ha respondido a un periodista de ElPlural.com que le preguntaba por las obras del inmueble, reconocidas abiertamente como ilegales por su propia pareja, tal y como avanzó eldiario.es. "¿Piensa usted pedir disculpas después de que se reconozca que esas obras han sido ilegales?", ha sido también preguntada.
"Quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por mucho que lo intenten. Aquí tienen a una política normal que no le cuesta ni un euro al ciudadano, Son ustedes los que probablemente van a tener que disculparse por utilizar toda la información de manera torticera", ha agregado, refiriéndose en general a todos los periodistas que están haciendo su trabajo en este asunto, pero sin responder a las preguntas que le han sido planteadas por este medio.
2,8 millones de euros no son lujo suficiente
Además, al escuchar la expresión "ático de lujo", en relación al ático situado encima del inmueble, por el cual también ha sido preguntada, Ayuso se ha puesto a reír: "Hay que morirse de la risa con ustedes". Parece ser que los 2,8 millones de euros de coste que acumulan ambas viviendas no les dan la suficiente consideración de lujo a ojos de la presidenta madrileña.
"Hasta que no hagan el mismo ejercicio de transparencia con todos los políticos, lo que suceda a un particular al que los españoles no le pagan un euro es cuestión de un particular. Si no lo respetan, simplemente por hacerme daño político a mí, yo no los voy a poder ayudar en ese ejercicio", ha respondido.
El particular al que se refiere es Alberto González Amador, su pareja, investigado por haber cometido fraude fiscal y por enriquecerse a través de comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia, y que además, tendrá que declarar el 20 de mayo ante un juez por estos hechos.
"No tengo vivienda alguna"... pero sí la tiene
"Yo no tengo vivienda alguna", ha incidido la presidenta madrileña. "Aquí tienen una política normal que no le cuesta un euro al ciudadano", ha argumentado, refiriéndose a que no reside en ninguna vivienda "oficial" puesta por las administraciones, a pesar de que pasa por alto los más de 100.000 euros de salario anual que percibe, que obviamente salen del dinero del contribuyente.
Sin embargo, lo cierto es que Ayuso sí tiene una vivienda en propiedad. En concreto, un piso que heredó a través de una donación después de que una de las empresas familiares quebrase, y del cual ahora la presidenta madrileña tiene la nuda propiedad al 100% y su madre el usufructo.
La operación familiar levantó muchas sospechas en su momento, por la forma y el momento. La vivienda llegó a manos de Ayuso a través de una donación de sus padres, que en el momento de la operación corrían el riesgo de perder la propiedad por el impago a acreedores. La empresa de los familiares de la presidenta, MC Infortécnica S.L., acumulaba deudas con la empresa semipública Avalmadrid y, con el objetivo de evitar el embargo del inmueble, este fue traspasado a la mandataria madrileña.
La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid señaló un trato “preferente” y “personalizado” a Ayuso, pero la Fiscalía del Supremo no quiso investigar un posible delito de alzamiento de bienes. Se entiende como tal, según el artículo 257 del Código Penal, “cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida un embargo o un procedimiento de apremio”. No obstante, la Fiscalía entendió que el traspaso del piso de padres a hija, que mantiene el 100% de la propiedad, para que no pudiese ser embargado para pagar a acreedores, que siguen sin cobrar, no podía entenderse como tal.
A su vez, esto no termina ahí, sino que ese mismo inmueble, propiedad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que cuya existencia queda corroborada en la declaración de bienes, de acceso público, también fue utilizado como sede de dos empresas familiares de venta de material médico: 'Ayuso Lahoz S.L.', participada por familiares directos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y con indicios de inactividad, y de Sismédica SL, una sociedad limitada de la que Ayuso es socia al 50% y que desde 2014 no cumple con la obligación legal de presentar sus cuentas anuales al Registro Mercantil. En su objeto social, la empresa incluye la “compraventa, importación, exportación” y distribución de “productos de electromedicina” y “en general de materiales y productos de carácter científico”.
"Un particular"
Por otra parte, Ayuso ha utilizado recurrentemente el argumento de que se está "persiguiendo a un particular, a un ciudadano anónimo", y que, a su vez, este ejercicio periodístico afecta a su imagen personal.
Sin embargo, cabe destacar que Rodríguez Amador cometió un presunto fraude fiscal por valor de 350.000 euros, que cobró comisiones por valor de más de 2 millones de euros por la venta de mascarillas durante lo peor de la pandemia, y que tras estos movimientos, adquirió el polémico inmueble en el que ahora reside con la presidenta madrileña, y en el que se pusieron en marcha las obras ilegales que, eventualmente, terminaron por quebrar un negocio al inundarlo de aguas fecales por haber continuado con las reformas a espaldas de la Administración, que las había decretado ilegales. Por tanto, no se trata de un particular cualquiera, sino de una persona cercana a la máxima autoridad de una comunidad autónoma, y que ha cometido diferentes irregularidades y presuntos delitos que lo han puesto en el foco mediático. La respuesta de Ayuso, la de siempre: negarlo todo otra vez.
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