La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido marcar distancias con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, tras el voto afirmativo del Partido Popular a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicitaba la regularización de más de medio millón de trabajadores migrantes.
En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ha tenido lugar en Alcobendas, Ayuso se ha mostrado contraria a la regularización que ya ha sido admitida a trámite en el Congreso y que su partido votó a favor: “Eso de hablar de las nacionalizaciones masivas con tanta alegría por parte del Gobierno, no lo sé”. La presidenta regional ha querido relacionar la presentación de esta ILP que lleva detrás más de 700.000 firmas, con unas regularizaciones propuestas en “países de Hispanoamérica”, dice Ayuso, relacionando estas regularizaciones con unas leyes de memoria histórica que se han llevado, según ella, a cabo en el continente latinoamericano. “Leyes de memoria histórica, que busca otra cuestión”, asegura Ayuso sin ahondar más en ese tema.
Pese a este ‘no’ inicial de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional ha querido matizar que sí está a favor de que se instale este debate y se estudie, ya que asegura, “no quisiera pensar que hay personas en España que están ahora mismo en la más absoluta legalidad, que están viviendo entre nosotros, sin unas condiciones mínimas, ha asegurado la presidenta regional.
En cuanto a lo que se refiere a la regularización, Ayuso pide que se estudie “caso a caso”, mostrándose favorable a estudiar el caso de gente que “lleva mucho tiempo en España y que está entre nosotros, verlo caso a caso me parece prudente, por una cuestión de humanidad y de legalidad”.
Una postura contradictoria
La presidenta regional ha tomado una postura un tanto contradictoria. Si bien, se muestra contraria a la regularización masiva, quiere estudiar caso a caso y regularizar a aquellas que se muestren en plena legalidad, algo complejo ya que son personas que precisamente se encuentran de forma irregular en nuestro país.
Una postura que choca también con la que defiende el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, quien se mostró favorable a esta regularización este martes en el Congreso: “Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos de que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país”, aseguró Feijóo en Cope.
El líder de la oposición confirmó que “es evidente que España tiene un problema de ubicación y trato con los inmigrantes sin papeles”, pero también “es el mayor coladero de las mafias”.
Pese al voto afirmativo del PP, el pasado 12 de marzo, cuando la Plataforma Esenciales presentó la ILP en el Congreso, la diputada popular Sofía Acedo defendió que “no es la vía adecuada para el control de flujos migratorios irregulares y tampoco para corregir la irregularidad”.
La ILP se admitió a trámite con el apoyo de todos los grupos menos uno
Pese a las dudas iniciales, incluso dentro del propio PSOE, la ILP que llegó al Congreso de los Diputados con más de 700.000 firmas detrás, fue aprobada por una inmensa mayoría de los diputados incluso con el apoyo de la patronal CEOE. Contó con el sí del PP, PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH – Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y UPN, y tan solo Vox se mostró contrario a la admisión a trámite.
De hecho, la diputada ultra Rocío de Meer, calificó esta decisión de “muy irresponsable”, y que esta medida llevará a cabo un efecto llamada. De Meer dijo que estas políticas “devalúan los barrios”, y quiso reprochar al PP su ‘sí’ a la iniciativa: “Estamos solos, estamos acostumbrados”.
Las cifras de la regularización
Alrededor de 425.000 personas (el 12% del total de la población migrante en 2021) residen hoy en nuestro país y de forma irregular de cara a la administración. La mayoría procede de América Latina, más de la mitad son mujeres y alrededor de 112.000 tienen menos de 16 años, según los datos de la ONG Save the Children.
El riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%. Para los hogares españoles, esta tasa es del 20%.
Si se les dejase contribuir, según un estudio de la Fundación porCausa, su contribución podría ascender a 3.400 euros por trabajador. Un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por año, suficiente, por ejemplo para que estas familias aportasen al presupuesto del Ingreso Mínimo Vital 2,2 euros por cada euro recibido.
Según otro estudio de 'More in Common', de febrero de 2024, un 55% de los españoles estaría a favor de esta regularización de inmigrantes mientras que un 35% se mostraría en contra.
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