Casi 700.000 firmas han entrado en el Congreso de los Diputados para respaldar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de al menos 500.000 personas migrantes que trabajan en nuestro país y que se encuentran en situación irregular.

Una iniciativa de la plataforma RegulaciónYa, que lleva detrás más de 900 colectivos y que abarca desde la Conferencia Episcopal al Soviet de Getafe. Alrededor de 425.000 personas (el 12% del total de la población migrante en 2021) residen hoy en nuestro país y de forma irregular de cara a la administración. La mayoría procede de América Latina, más del la mitad son mujeres y alrededor de 112.000 tienen menos de 16 años, según los datos de la ONG Save the Children.

La condición de migrante irregular constata uno de los determinantes más devastadores de vulnerabilidad social y legal. La irregularidad impide derechos tan básicos como el acceso a la justicia, la salud, la educación e incluso aumenta las posibilidades de vivir en la pobreza. El riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%. Para los hogares españoles, esta tasa es del 20%.

Si se les dejase contribuir, según un estudio de la Fundación porCausa, su contribución podría ascender a 3.400 euros por trabajadaror. Un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por año, suficiente, por eemplo para que estas familias aportasen al presupuesto del Ingreso Mínimo Vital 2.2 euros por cada euro recibido.

Según otro estudio de 'More in Common', de febrero de 2024, un 55% de los españoles estaría a favor de esta regularización de inmigrantes mientras que un 35% se mostraría en contra. 

Por grupos de edad, en todos los casos se supera el 50% de personas a favor mientras que por partidos, solo los votantes de Vox se muestran abiertamente en contra con un 73% que lo rechaza. 

Un tortuoso camino para llegar a donde estamos porque para comenzar es complicado que una ILP llegue a votarse en el Congreso. Solo 1 de cada 10 llega a votarse, Además si estas firmas recogidas fueran votos, serían el quinto partido más grande de todo el país, y lo más importante, esta iniciativa afectará a más de medio millón de personas trabajadoras en nuestro país.

La ILP presentada y admitida a trámite reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España debido a que “los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento”, y por otro lado, “el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación”.

Lamine Sarr, portavoz del movimiento que llevó al Congreso la regularización de migrantes, dijo en el registro: “Hemos sufrido todo tipo de racismo hasta llegar aquí”. “Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles”, defendía Sarr: “Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”. Sarr, senegalés, a su llegada a España se vio empujado a trabajar como mantero para sobrevivir, y recordaba que entre el cerca de medio millón de personas en situación irregular hay jornaleras, temporeros e incluso trabajadoras sexuales y niños que “habiendo nacido en España, heredan el estatus migratorio de sus padres”.

El texto da al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentran en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Los promotores defienden que, sin su regularización, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económicamente a la sociedad y no se pueden planificar ni dimensionar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos.

La iniciativa recuerda el trabajo de las comunidades migrantes en situación irregular durante la pandemia en sectores imprescindibles como los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura, cuando pagaron “un altísimo precio en forma de contagios y muertes”. Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados”, dice el texto.

La iniciativa tiene unos precedentes que comenzaron hace dos años, cuando el movimiento ‘RegularizaciónYa’, conformado por personas migrantes y organizaciones antirracistas de toda España, una gran campaña de recogida de firmas.

La Constitución prevé que los ciudadanos puedan llevar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando 500.000 firmas. En febrero de 2023 la Junta Electoral Central ratificó que la iniciativa había conseguido el medio millón necesarias para iniciar su tramitación parlamentaria. Se han reunido más de 700.000.

España cuenta con el precedente de la regularización emprendida en 2004 por el Gobierno socialista presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.

Se toma en consideración la ILP

El Gobierno ha decidido en la mañana de este martes que aceptará la tramitación de la ILP que llegó al Congreso con un colchón de 700.000 firmas detrás. A PSOE y Sumar se añaden los apoyos de ERC, Bildu, BNG, Podemos, PNV, CC y Junts. Feijóo ha dejado caer que el PP no votará en contra de esta tramitación y tan solo la formación de ultraderecha Vox.

“Los socialistas vamos a votar esta tarde a favor en la toma en consideración de la ILP sobre la regulación de inmigrantes y después, en el trámite parlamentario enmendaremos la propuesta”, ha anunciado el portavoz socialista, Patxi López en una rueda de prensa previa al pleno. “Lo segundo son las enmiendas, porque queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de manera inteligente y razonable”.

Gala Pin, portavoz de Sumar ha dicho: “Hoy hay una victoria de los nadie. En un momento en que cada vez se cree menos en las instituciones, se trata de que la ciudadanía sepa que la política le pertenece. A un día de la votación del pacto racista migratorio europeo, la votación de hoy cobra un mayor simbolismo. Si esto se aprueba hoy aquí, esto es un mandato: el Gobierno tiene que llevarlo a cabo…”.

Jon Iñarritu, portavoz de EH Bildu, ha reconocido en la tribuna el esfuerzo de las organizaciones que lograron las firmas: “Es una cuestión de humanidad, hay que hacerlo frente”.

Desde el PNV, Mikel Legarda ha considerado “que a iniciativa debiera reorientarse a una regularización extraordinaria caso a caso, eliminando la precariedad, los contratos opacos o en abuso. Votaremos a favor de la toma en consideración de la ILP, en reconocimiento y respeto de la labor de toda la ciudadanía que ha trabajado por ella, y para debatir sobre el fondo que se plantea, pero con la reorientación que consideramos necesaria, garantizando derechos laborales y reforzando la integración”.