La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha acudido este viernes por la mañana a los juzgados de plaza de Castilla, donde estaba citada para declarar en el procedimiento abierto contra ella tras una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. Sin embargo, Gómez se ha acogido a su derecho a no prestar declaración, por lo que la misma ha durado escasos cinco minutos. Su abogado, Antonio Camacho, ha aclarado que la acusada no ha declarado por recomendación suya, porque "el procedimiento carece de objeto alguno". Sin embargo, este culebrón judicial no va a terminar aquí, debido a que la ultraderecha, personada como acusación popular en cinco frentes distintos, está coordinándose con Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso para profundizar aún más en este asunto.
Tal y como ha podido saber ElPlural.com, son distintos los frentes por los que los 'populares' van a intentar presionar en este caso judicial. En primer lugar, a través de la Asamblea de Madrid, con la constitución de una Comisión de Investigación a la Universidad Complutense de Madrid, en la que será clave el papel del vicerrector, José María Coello de Portugal Martínez del Peral. Coello ha declarado también en el juzgado este viernes, en concreto, sobre las razones por las que se negó a examinar las memorias de Gómez y, en consecuencia, a aprobarlas, argumentando un principio de prudencia. Así, el vicerrector señalaba que deben "ser prudentes no aprobando lo que está siendo objeto de diligencias judiciales": "Habiéndose constatado la incidencia de una actuación externa a la Universidad, debe esperarse a que tal actuación se resuelva para ejercer en cuanto al fondo las competencias administrativas de la comisión, dada la preferencia o prevalencia de aquellas diligencias sobre la materia administrativa".
En segundo lugar, a través del plano nacional del Partido Popular y el Senado, en el que mantienen mayoría absoluta, con una segunda Comisión de Investigación en la que tienen intención de que comparezca la propia Begoña Gómez y "si procede" después de que lo haga ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En estos movimientos, según ha tenido constancia este medio de comunicación, está teniendo un importante papel el equipo de Isabel Díaz Ayuso.
En coordinación con la ultraderecha
A su vez, cabe destacar la unión de movimientos entre el Partido Popular, Vox y las acusaciones populares. Por parte de la formación de Santiago Abascal, ha sido su portavoz en Europa, Jorge Buxadé, quien ha anunciado que pretenden hacer declarar en el juzgado a Pedro Sánchez. "Si su mujer se ampara a ni declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones de Moncloa, a cuántas empresas y personas ha llamado para facilitar en su caso la labor y el trabajo de su mujer a través de todos esos artificios", ha expuesto en respuesta el juez Peinado.
Cabe recordar que hasta ahora son cinco las acusaciones populares (Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y el Movimiento de Regeneración Política de España). Todas ellas tienen un marcado carácter ultraconservador. Confían, además de la llamada a declaraciones de Pedro Sánchez, en la imputación de uno de los empresarios beneficiados, Carlos Barrabés.
Sin embargo, la petición de Vox caerá a todas luces en saco roto aunque el magistrado acepte la petición. En primer lugar, porque el presidente del Gobierno puede acogerse a su derecho de que las preguntas le sean enviadas por escrito. Esto ya sucedió con la declaración de varios ministros en el caso Pegasus, donde el juez José Luis Calama envió el interrogatorio por esta vía.
Y en segundo lugar, por el texto que recoge el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que exime a Sánchez de la obligatoriedad que tienen los testigos de declarar. Dice dicho artículo que están exentos de prestar declaración: "Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia".
