La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparece este viernes a las 10:00 horas de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla ante el juez instructor Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios tras una querella interpuesta por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. Esta es la segunda fecha para esta comparecencia después de que el juez Peinado acordara suspenderla en primera instancia, debido a que Gómez sostuvo que desconocía los hechos que se le imputaban y que su defensa diera cuenta de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.
Desde el equipo legal de la mujer de Pedro Sánchez, encabezado por el abogado Antonio Camacho, se solicitó al magistrado que sólo se grabe el audio de su declaración por el uso que se le pudiera dar a unas hipotéticas imágenes grabadas en vídeo, con motivo de su "relevancia pública". Una decisión que fue tomada después de que la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, advirtiera del "riesgo para la integridad física" de la acusada.
El informe de la UCM
A su vez, la comparecencia de Gómez llega después de que se haya conocido un informe remitido por la UCM al juez, en el que se indica que su investigación interna no puede concluir si ha existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la esposa del presidente de Gobierno. No obstante, la institución sostiene que se ha dado una "falta de colaboración de determinados intervinientes" y le indica al instructor que si él encontrara perjuicio contra la UCM se lo haga saber. Por ello, este viernes el magistrado tomará declaración en calidad de testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio.
Previamente a ese informe, otro de los hitos relevantes del caso ha sido la interposición de un nuevo recurso del fiscal, en el que solicita que se "delimite" la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general". En ese recurso, el fiscal mencionaba un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los inspectores concluyen que varios contratos adjudicados a Barrabés que están bajo sospecha en la causa "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".
A su vez, en un auto previo a que trascendiera ese informe, el juez respondía a un recurso de la defensa de Begoña Gómez en el que se pedía que le detallara por qué hechos se la investigaba más allá de las tres adjudicaciones públicas de Red.es a una UTE en la que participaba una sociedad de Barrabés y que está en manos de la Fiscalía Europea. Por su parte, el juez Peinado respondía a esas dudas señalando que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
Sin periodistas ni agitadores ultras
Asimismo, la declaración de Begoña Gómez se realizará de forma presencial en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a puerta cerrada y sin permitir el acceso a los medios de comunicación.
Esta decisión queda aprobada después de que la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, haya remitido un nuevo acuerdo gubernativo con respecto a las medidas de seguridad de la acusada. El escrito vuelve a autorizar la entrada por el garaje de la mujer de Pedro Sánchez, y tras un escrito de protesta de los periodistas de tribunales, la decana ha determinado que solo podrán acceder al juzgado las cuatro agencias de comunicación, lo que significa que los periodistas y medios ultra tienen prohibido el acceso.
A su vez, cabe destacar que la mujer del presidente del Gobierno también puede acogerse a su derecho a no declarar, contestando solo a las preguntas de su letrado o responder al juez y al resto de partes del procedimiento.
