En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el próximo miércoles se someterá a debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta que podría transformar el panorama financiero de las comunidades autónomas. La medida consiste en la condonación de hasta 83.252 millones de euros de deuda, la cual pasaría a ser asumida por la Administración General del Estado (AGE).
La iniciativa llega en un contexto de negociaciones y acuerdos que han marcado la agenda fiscal en España. Así, tras el anuncio del líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, sobre un pacto para condonar el 22% de la deuda catalana con el Estado, el Gobierno refuerza su compromiso de buscar soluciones que alivien la carga financiera de los territorios. Este acuerdo se enmarca en un esfuerzo por restablecer el equilibrio fiscal y atender las demandas de las comunidades más endeudadas.
María Jesús Montero explicó que la propuesta será sometida a votación en el CPFF, ya que cada Gobierno autonómico tendrá la libertad de decidir si se suman a la medida. De este modo, la condonación se plantea como una opción voluntaria y sin ninguna condicionalidad, permitiendo a cada territorio valorar si le conviene que el Estado asuma un porcentaje de su deuda. Con este planteamiento, el Ejecutivo busca incentivar una discusión más amplia sobre la equidad en el reparto de responsabilidades y recursos financieros entre el Estado y las autonomías.
Para determinar el importe que asumirá el Estado, se ha elaborado una metodología en tres fases. En la primera fase se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento registrado por las comunidades durante el cierre de 2009 y el cierre de 2013, comparándolo posteriormente con la evolución de la deuda entre 2019 y 2023. Este ejercicio arroja una condonación media del 19% sobre la deuda autonómica total vigente al cierre de 2023.
La segunda fase se centra en aquellas comunidades que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de deuda condonada sobre el total, asignándoles una condonación adicional. Según Montero, “intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener algunas regiones cuando se comparan con el resto de territorios”, lo que permitiría una redistribución más equilibrada del alivio fiscal.
En la última fase, el Ministerio de Hacienda ha introducido dos ajustes para aumentar la equidad. En primer lugar, se identifica a la comunidad que registra la mayor condonación por habitante ajustado, siendo este el caso de la Comunidad Valenciana, que alcanza los 2.284 euros por habitante. Con esta cifra de referencia, se eleva la condonación de la deuda en aquellas regiones que hayan obtenido un importe inferior, de manera que todas puedan alcanzar un nivel homogéneo de alivio. El segundo ajuste contempla una bonificación adicional para las comunidades que han ejercido competencias normativas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por encima de la media, pudiendo recibir hasta un 10% extra en la condonación, o un 5% en caso de ubicarse por debajo de dicha media.
Andalucía y Cataluña, las comunidades más beneficiadas
En términos cuantitativos, la propuesta prevé que Andalucía y Cataluña sean las comunidades más beneficiadas, con un alivio estimado de 18.791 y 17.104 millones de euros, respectivamente. Estas dos regiones representarían, juntas, más del 43% del total de la condonación. Le siguen la Comunidad Valenciana con 11.210 millones, la Comunidad de Madrid con 8.644, y otros territorios como Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Murcia, Canarias, Aragón, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja, cada uno con cifras que oscilan en función de su situación financiera y demográfica. Cabe destacar que Euskadi y Navarra, al no formar parte del sistema de régimen común, han planteado alternativas para obtener compensaciones similares a través de sus propios sistemas forales.
La medida, que busca aliviar la presión fiscal sobre las comunidades y corregir históricas desigualdades en el reparto de la deuda, no deja de generar polémica y debates en el ámbito político y económico. Mientras algunos sectores ven en la condonación una oportunidad para reequilibrar las cargas financieras y fomentar una mayor cohesión territorial, otros advierten sobre el posible riesgo de incentivar futuros endeudamientos sin el necesario rigor fiscal. Asimismo, la voluntariedad de la medida plantea interrogantes sobre la coordinación interterritorial y el papel del Estado en la gestión de los recursos públicos.
Ante este escenario de transformaciones en la política fiscal, el Gobierno insta a los responsables autonómicos a valorar detenidamente la propuesta, la cual será discutida en el CPFF antes de tomar una decisión final. La inminente votación y la apertura de este debate público invitan a reflexionar sobre el futuro de las finanzas públicas en España y el equilibrio entre la autonomía de las comunidades y la responsabilidad del Estado.
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