El presidente del Consejo de Administración y de la Corporación RTVE, José Antonio Sánchez, en una comparecencia. EFE/Archivo
RTVE tiene su propia historia de tarjetas de crédito opacas. Según la última Auditoría Pública del ente, sólo se justifica el 30,80% de los gastos realizados por los miembros del Comité de Dirección. El informe llega después de un estudio de la Intervención General del Estado, que ha destapado las irregularidades.
Un asunto grave que debe ponerse en manos de la Fiscalía
Miguel Curieses, secretario general de UGT en RTVE h calificado el asunto de “grave” y ha exigido que el sistema de control del ente público se ejecute con “la máxima transparencia. Todo debe estar permanentemente fiscalizado, cualquier gasto. No se puede pedir a los trabajadores sacrificios y esfuerzo cuando se hacen estas prácticas, en un momento en el que hay millones de parados y niños que carecen de condiciones adecuadas”.
Curieses ha respondido a las preguntas de ELPLURAL.COM que su organización exigirá el acceso al informe de la auditoría y ha añadido que no comprende por qué las autoridades competentes no lo ponen en conocimiento de la Fiscalía. Si se comprueban las irregularidades, podrían ser constitutivas de un delito y debería ponerse en manos de la justicia”.
Sólo hay información del 30,80% de los gastos
Según los datos del informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, “de los 224 gastos analizados” sólo el el 30,80% “aportan suficiente información para entrar a formar parte de los casos que justifican el uso de la tarjeta de crédito, aunque no se señale en muchos de ellos el motivo del gasto en los certificados de conformidad correspondientes”, subraya el documento”.
Información incompleta
“En 58 gastos (el 25,89%) la documentación aportada no es completa”, mientras en 97 abonos (el 43,30%) “esta información resulta claramente insuficiente, faltando incluso en ocasiones el documento justificativo del gasto”.
Llueve sobre mojado
Curieses ha recordado que en un informe anterior ya se apuntó a posibles irregularidades con las tarjetas de crédito. Ciertamente, según la Intervención General del Estado, una auditoría de 2012 ya detectó que no se justificaba el uso de tarjetas de crédito de los directivos. “De los 95 gastos originados por comidas de trabajos y estancias en hoteles analizados, 25 (el 26,32%) no parecen cumplir el principio de austeridad en el gasto público”, decía el informe que señalaba que en la mayoría de los casos no se explicaba el motivo del gasto.
