La nueva empresa pública de vivienda será una realidad y empezará de manera “inmediata” con la promoción de 430 inmuebles en Valencia, según ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que sitúa en la ciudad del Turia el origen de la medida prometida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En su intervención, la responsable de este departamento ha señalado que se trata de un elemento cuyo objetivo pasa por desarrollar “un instrumento integral que se encargue, de principio a fin, de todo un ciclo residencial: desde la disposición y la urbanización de los suelos; la edificación, movilización o compra de las viviendas; hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles”.

En este sentido, Rodríguez ha detallado que los primeros inmuebles se levantarán sobre los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros de Valencia y que la decisión implica un “salto cualitativo o cuantitativo”. “La construcción de estas viviendas tendrá lugar con carácter inmediato y serán promocionadas directamente desde la empresa pública para garantizar que sean 100% asequibles”, ha incidido.

Otras medidas en esta materia

Rodríguez ha defendido la gestión de Moncloa en materia de Vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles y, seguramente, al mayor problema al que se enfrentan los jóvenes, asegurando que el Ejecutivo está “poniendo todos los recursos del Estado al servicio del cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución: el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la regulación del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

“Este gobierno está apostando, como ningún otro, por poner la vivienda en el centro de la agenda gubernamental. Tenemos un compromiso firme e irrenunciable, la vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar”, ha incidido.

La ministra ha recordado algunos datos que se mueven en esta dirección, como la puesta en marcha definitiva del Nuevo Barrio de Campamento, la modificación de la Ley de Contratos para favorecer la colaboración público-privada y combatir el déficit en a construcción de vivienda asequible, las bonificaciones fiscales para impulsar la rehabilitación de las viviendas, o la puesta a disposición de todo el patrimonio inmobiliario del Estado para “convertirlo en hogares o la aprobación del reglamento de temporada que distinga entre gestionar un derecho y gestionar un negocio”.

En la misma línea, ha desgranado algunas medidas en materia de regulación con el fin de “garantizar la protección de la función social de la vivienda y combatir la especulación”. Sobre ello, Rodríguez se ha referido a la derogación de las conocidas como Golden Visa inmobiliarias o al “empoderamiento” a las comunidades de vecinos para limitar la proliferación de los pisos turísticos. También habló del inicio de la creación de un registro único para hacer frente a la proliferación de los apartamentos de temporada fraudulentos.

En última instancia, la ministra se refirió a la financiación de las políticas públicas de vivienda, asegurando que el Ejecutivo está comprometido con garantizar que “todos los recursos y toda las capacidades del Estado estén al servicio de la política pública de vivienda, con la decisión irrevocable de blindar la protección del suelo público”.

Primera Ley de Vivienda

Rodríguez ha querido reseñar la “aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia”, la cual “nos permite contar con medios para contener los precios y estabilizar el mercado de la vivienda”. Con ello, ha celebrado que la legislación sea una “herramienta que ya está demostrando su eficacia al reducir los precios en Cataluña”. “E instamos firmemente al resto de autonomías a adaptarlo lo antes posible, como ya están haciendo País Vasco, Navarra o Asturias y demandan importantes ayuntamientos en Galicia o Canarias”.

En aras de su cumplimiento, la ministra intercepta como “incomprensible” que “ante precios disparados, y teniendo instrumentos, no se esté utilizando una herramienta que implica una bajada inmediata de precios al tiempo que bonifica al propietario” y supone “un alivio para el inquilino” mientras se construye el parque de vivienda pública.

Entre los puntos a destacar, la política socialista ha enfatizado en la novedad legal que introduce el texto y que pasa por construir vivienda pública en suelos dotaciones. “Aunque algunos acaben de descubrir su obligación de facilitar suelos o las posibilidades que les da la ley de vivienda para hacer alojamientos dotacionales”, su cumplimiento, dice contundente, es “responsabilidad de todos los poderes públicos”.