La corte número 13 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia Británico acoge hasta el martes la vista previa de la demanda interpuesta por Corinna Larsen contra Juan Carlos I y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por presunto acoso continuado desde 2012. Los abogados del ex jefe del Estado rechazan las acusaciones de la empresaria germano-danesa, pero solicitarán que la querella ni siquiera sea estudiada apelando a la inmunidad de la que supuestamente sigue gozando el emérito. La defensa explicará que sigue formando parte de la Casa Real a pesar de no contar con agenda oficial desde 2019 ni asignación presupuestaria, esta retirada por Felipe VI en marzo de 2020.

Según El Confidencial, el recurso presentado por la defensa del padre de Felipe VI recuerda que el demandado tiene nacionalidad española y la demandante es ciudadana danesa que reside en Mónaco desde 2008. Además, gran parte de los hechos que figuran en la querella transcurren en Suiza, Abu Dabi, Austria, Los Ángeles, Tahití, Riad, Bahamas y un avión que volaba de Londres a Nueva York. Por lo tanto, “no existen nexos territoriales evidentes con Inglaterra y Gales”. En este sentido, aducen que “hay muchas situaciones sobre las que no da ninguna localización”.

La falta de vínculos con el Reino Unido es uno de los puntos fuertes del recurso para tirar al traste la demanda. Los abogados del emérito también han denunciado la ausencia de imputaciones concretas a su figura. “La base de la atribución a Su Majestad de la conducta denunciada no se especifica”, esgrimen en el documento. En el escrito, el acoso y espionaje se achacan unas veces a Juan Carlos I y otras veces al ex jefe de la inteligencia española, Félix Sanz Roldán, así como a agentes del Estado “y/o sus proveedores”.

Pero los elementos más contundentes se vinculan a la supuesta inmunidad ante cualquier procedimiento civil o penal. El recurso recuerda que está en vigor en Reino Unido la Ley de Inmunidad Estatal (SIA por sus siglas en inglés), la cual impide juzgar en su territorio a terceros Estados. “Dado el estatus único de los miembros soberanos y superiores de la Familia Real en una monarquía como la del Reino Unido (y la de España), no puede haber duda de que Su Majestad presuntamente se inscribe en el marco legal del Estado”, recoge.

La defensa del ex jefe del Estado se refiere a dos puntos concretos de la SIA que apelarían a una inmunidad completa sobre cualquier hecho delictivo que se le atribuya, incluso en las condiciones actuales. Por un lado, mencionan el artículo 14, que protege “los actos de carácter público mientras se es jefe del Estado”. Mientras que por el otro apelan al artículo 20, que reconoce la inmunidad de los “actos públicos y privados de un soberano” o de “miembros de la familia de un soberano que formen parte de la institución”. Estos dos puntos deberían motivar al juez a archivar la denuncia de Larsen.

Por lo tanto, siempre según el escrito, el artículo 14 le escudaría de todos los hechos hasta su abdicación en junio de 2014. En lo que respecta al 20 de la SIA, le protegería en caso de que las infracciones se hubieran desarrollado después de esa fecha o hubieran tenido relación con su comportamiento en la esfera privada. En el caso de estos últimos supuestos, se mantendría la condición de inviolabilidad porque ha seguido siendo miembro de la Casa Real hasta la fecha y su condición de “soberano” es indiscutible. Al menos esta es la versión que trabaja la defensa del emérito, subrayando que tiene un rol casi equiparable al de Felipe VI.

En cuanto a su condición de inviolabilidad, el escrito profundiza en la relación que mantienen en la actualidad Juan Carlos I con Felipe VI, a pesar de que el emérito desapareció de la vida pública en 2019 y el actual jefe del Estado le retiró su asignación económica. Los abogados del padre del Rey alegan que aún conforma la Corona española y, por tanto, pueden acogerse al artículo 20 de la SIA. “Es evidente que Su Majestad es miembro de la familia del Rey, que forma parte de la institución y que por este motivo tiene derecho a la inmunidad”, explican. Asimismo, destacan que es “indiscutible” un miembro en la “acepción más estricta”.

Asimismo, recuerdan que las infantas Elena y Cristina, hermanas de Felipe VI, formaban parte de la Casa del Rey hasta la abdicación de su padre. Tras 2014 y el ascenso del nuevo monarca, desaparecieron de la web oficial de la institución. Sin embargo, Juan Carlos I se ha mantenido en la plataforma hasta la actualidad. Por lo tanto, su situación es similar a la que rige el artículo para los soberanos británicos en territorio propio, una circunstancia reconocida y respetada “con respecto a otros miembros cercanos de las familias reales de otras monarquías”. “Es la piedra angular de los largamente asumidos principios de inmunidad soberana”, alegan.

Por su parte, el abogado de Corinna Larsen, James Lewis, ha rechazado las alegaciones del emérito. Defiende que Juan Carlos I y el CNI presionaron a su cliente y la vigilaron ilegalmente, llegando incluso a amenazarla de muerte en un hotel de Londres. Según su argumento, la situación se tornó en irrespirable cuando se negó a devolverle al ex jefe del Estado los 65 millones que éste le había donado en 2012.

De momento, el litigio se encuentra en la vía civil. Entre tanto, Larsen reclama al emérito una indemnización y una orden de alejamiento de al menos 150 metros, reservándose la posibilidad de denunciar en el futuro los mismos abusos por la vía penal. El magistrado se pronunciará en los próximos días sobre los argumentos esgrimidos por ambas partes. En el caso de que el juez determine su competencia para estudiar la demanda de la empresaria, el proceso seguirá adelante y se entrará en el fondo de los hechos denunciados.