La Fiscalía General del Estado decretó la prórroga de una de las diligencias sobre Juan Carlos I hasta junio de 2022, que no ha caído en gracia en algunos sectores del Ministerio Público, pues la califican de “precipitada e innecesaria”. Sin embargo, esta maniobra también es vista como una “oportunidad” para liberar a Felipe VI de presión y dar tiempo para el diseño de una posible operación retorno del emérito, quien, según El Confidencial, ya ha hecho saber sus exigencias para su regreso y éstas pasan por una vida en Zarzuela y una asignación económica para “vivir”.

Según publica El Confidencial, en ciertos sectores de la Fiscalía se ha entendido la prórroga de las diligencias contra el rey emérito como “precipitada e innecesaria”. Entienden que se ha dictado con un adelanto “excesivo” sobre la fecha de vencimiento de la anterior – 17 de diciembre -, amén de justificar que se podía haber decretado el archivo de las investigaciones porque la comisión rogatoria “no añadirá nada a lo investigado”. El caso tampoco podría reabrirse porque “el archivo no es un sobreseimiento”.

La prórroga es “incomprensible y no se ajusta a la normativa interna de la Fiscalía”, que establece la “excepcionalidad” de las dilaciones en procedimientos de este tipo acorde a la “conclusión 11 de la Circular de 2013”. Este texto establece que la posibilidad de prorrogar ha de ser entendida como una “excepción a la regla general, constituida por unas diligencias de vida ordinaria inferior a los seis meses”. Además achacan estas fuentes del Ministerio Fiscal que los dos magistrados encargados de las pesquisas, Juan Ignacio Campos y Alejandro Luzón, no han cambiado su criterio sobre la procedencia del archivo y la renuncia a interponer una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues al emérito le salvarían cuestiones como la inviolabilidad, la prescripción o las regularizaciones fiscales, amén de la carencia de pruebas de peso.

Estos sectores interpretan también la prórroga a una doble “oportunidad”: liberar a Felipe VI de presión para su mensaje de Nochebuena y dar tiempo para esbozar una “operación retorno” del padre del Rey. Sin embargo, otras fuentes citadas por El Confidencial creen que “sería conveniente librar la Pascua Militar del próximo 6 de enero”. Después de este evento, la agenda estaría vacía en materia de pronunciamientos del monarca.

Entre tanto, el rey emérito, que mantiene una razonable buena salud, pero con escasa movilidad debido a su rehabilitación, ha recrudecido sus posicionamientos. Desde el entorno del ex jefe del Estado trasladan que la exoneración de la Fiscalía obligaría a la Casa Real y a Moncloa a favorecer su regreso “cuando él quiera”, dado que habrían decaído los motivos que le ‘forzaron’ al exilio a Abu Dabi el pasado 3 de agosto de 2020. Por lo tanto, Juan Carlos I no quiere volver a España salvo que se den cumplimiento a determinadas condiciones.

La primera exigencia del padre de Felipe VI pasa por alojarse en la que aún estima “su casa”. Es decir, el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, esta posibilidad, a día de hoy, es difícil de cumplimentar, pues el monarca no la contempla en absoluto, amén de “desagradar” al Ejecutivo. Y es que un regreso a los aposentos reales supondría un debate público que laminaría al propio Gobierno. “Supondría una pésima factura”, aducen desde Moncloa a El Confidencial.

Esta primera petición no llega sola. Y es que desde el entorno del emérito deslizan que Juan Carlos I habría indicado a sus interlocutores de confianza que la exoneración de la Fiscalía debería reponerle su asignación anterior a su exilio. Lo que el padre de Felipe VI reclama es recuperar su estatus de 2019, antes de que el jefe del Estado le retirase la partida presupuestaria que abonaba. Desde marzo de 2020, los 161.034 euros han pasado al fondo de contingencia de la Casa Real para financiar “necesidades inapelables de carácter no discrecional”.

Pero Zarzuela tampoco quiere pasar por el segundo escenario propuesto por el emérito, quien justifica su postura con la “necesidad de tener para vivir”. Según el entorno, Juan Carlos I se mantendría firme en sus condiciones en “el bien entendido caso de que su alejamiento permanente de España generaría una diatriba política incómoda para su hijo y para el Gobierno”.

Por el momento no atisba una “operación retorno” en el horizonte más cercano para el emérito. La relación entre padre e hijo está “bajo mínimos” y es prácticamente inexistente a día de hoy, a diferencia de la que mantiene con las infantas Elena y Cristina, quienes ya conforman el núcleo duro de Juan Carlos I. La Casa Real afea que se “ha enrocado” en unas condiciones difícilmente aceptables, manteniéndose firme en sus posicionamientos.