La Casa Real citó este lunes a los medios de comunicación para comunicarles un cambio en 'los criterios de actuación' de los miembros de la Familia Real, que también incluye a aquellos que trabajan en la Casa de Su Majestad, el órgano que le sirve de apoyo en el desarrollo de sus funciones constitucionales.

¿La medida más llamativa? Felipe VI ha decidido que los miembros de la Familia Real solo puedan desarrollar exclusivamente actividades de naturaleza institucional. Nada de trabajar para empresas privadas. Bien es verdad, que desde que ocupó el trono, el nuevo rey ha limitado la pertenencia a sí mismo,  a su esposa Doña, a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.

Felipe VI, junto a su familia, durante la ceremonia de proclamación. (EFE)



Ahora las hermanas del rey, la Infanta Elena y la Infanta Cristina, ya no son miembros de la Familia Real, sino familia del Rey. En relación con ellas, Felipe VI ha decidido que, con carácter general, al contrario de lo que afecta a los miembros de la Familia Real, "no desarrollarán actividades de carácter institucional".

Con pequeñas excepciones: "El desarrollo ocasional y puntual de alguna actividad institucional por parte de miembros de la Familia de Su Majestad que no sean miembros de la Familia Real solo tendrá lugar cuando exista un encargo concreto del Rey, dentro del ámbito de sus atribuciones o cuando por la naturaleza o el lugar de la actividad y tras igual encargo, se requiera la correspondiente decisión aprobada por el Gobierno".

En estos casos puntuales (que de momento sólo afectarán a la Infanta Elena, dados los problemas legales de Cristina), el familiar del Rey no cobrará por participar en la actividad institucional.

También ha anunciado la Zarzuela que antes de que acabe éste año, Felipe VI se ha propuesto aprobar un régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real; un Código de Conducta para el personal de la Casa; un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio que regulará la labor de asesoramiento en la función de la Corona a la promoción de los intereses económicos españoles y un convenio de colaboración con la Intervención General del Estado para la realización de una auditoría externa de las cuentas de la Casa.