Javier Maroto es uno de los elegidos por Mariano Rajoy para incorporarse a la nueva directiva del Partido Popular, recién rescatado del naufragio de las elecciones municipales. Porque hace una semana Maroto tuvo que ver como toda la oposición se unía para quitarle el bastón de mando de Vitoria, que heredó del ministro Alfonso Alonso, pese a que tenía el honor de ser el único alcalde de capital de provincia que había aumentado los votos conseguidos en los comicios anteriores.

Maroto será ahora vicesecretario sectorial del PP, en un cargo nuevo como el de Pablo Casado, y que le coloca en el núcleo duro de las siete personas que dirigirán la formación.

Pacto a tres
Este sábado, y pese a la manifestación convocada en la Plaza de España, Maroto se vio obligado a ceder el bastón de mando a Gorka Urtaran, del PNV, debido al acuerdo al que llegó la formación nacionalista con el PSOE y Bildu.

La campaña de Maroto
Maroto había cosechado buenos resultados planteando la campaña electoral como un pleibiscito entre él y Bildu, y gracias a sus invectivas contra las ayudas sociales a los inmigrantes. Pero este último punto también ha generado bastante rechazo por sus tintes xenófobos.

Condena del Tribunal de Cuentas
Otro de los asuntos que provocó el rechazo a Maroto, promovido en las redes sociales con el hashtag #AgurMaroto, fue la condena que el Tribunal de Cuentas le impuso a él y a su antecesor, el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Les condenaba a pagar 496.000 euros por el arriendo irregular de una serie de locales en el centro de la capital vasca, cuando Alonso era el alcalde y Maroto el concejal de Hacienda.

Precio superior
Los miembros del Tribunal consideraron que ellos dos, junto a otros siete concejales de la corporación, entre los que se encuentra el actual senador y entonces concejal de urbanismo, Jorge Ibarrondo, responsables de irregularidades contables. En concreto consideraban que los arrendamientos, que se hicieron sin concurso público, se pactaron a un precio superior al que correspondía.

20 años atados
En concreto, se pactó en 2007 el arrendamiento de locales pertenecientes al empresario Gonzalo Antón durante 20 años de unos locales a cambio de 6,2 millones de euros, lo que supera en dos veces la cantidad que el propio Antón había pagado sólo un año antes por los locales. El hecho fue denunciado por la oposición socialista en su momento, que además señaló que existía un informe técnico en contra de la operación.