El juez encargado de investigar el secuestro de la concejala socialista Vanesa Romero, en la localidad granadina de Maracena, no ha hallado ningún indicio que corrobore la existencia de las presuntas reuniones mantenidas entre el presunto secuestrador y la entonces alcaldesa del municipio, Berta Linares, el concejal socialista Antonio García y el secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López. Los testimonios indicaban que estos políticos se habían propuesto "darle un susto" a esta concejala, pero no se han encontrado los indicios necesarios para demostrar que esto sea cierto, a pesar del largo recorrido que la derecha política y mediática le dio a esta cuestión.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, encargado de investigar este caso, ha recalcado en el auto emitido este pasado martes que la reunión, presuntamente celebrada en enero de 2023 en el local La Taberna de Ángel de Maracena, constituiría "el núcleo esencial" para verificar si tanto Berta Linares como el concejal Antonio García fueron inductores del secuestro, delito por el que han sido investigados, pues ese sería el momento en el que lo habrían cometido al proponérselo al secuestrador. Sin embargo, el auto constata la "inexistencia de indicios que corroboren, siquiera de forma indirecta, la realidad y existencia de esta reunión en enero de 2023". "Tras la exhaustiva y minuciosa práctica de diligencias, se puede apuntar a la ausencia de elemento alguno que corrobore o ampare siquiera de forma mínima la realidad de este encuentro", añade el escrito. La falta de pruebas para demostrar la celebración de esta reunión exculpa y exime tanto a Berta Linares como a Antonio García.

A su vez, tal y como sostiene el juez, todo ello "arrastra necesariamente" el archivo de las actuaciones para ambos. El auto procesa únicamente a la expareja de Berta Linares, por un delito de detención ilegal, dos de amenazas, un delito leve de lesiones y otro de lesiones psíquicas. Por su parte, Noel López, quedó fuera del caso hace unos meses, después de que el TSJA entendiera que no se habían agotado las diligencias de investigación  que permitían relacionarle con lo presuntamente ocurrido. El pasado mes de noviembre, la Audiencia de Granada dejó también invalidada la investigación paralela que estudiaba la posible existencia de un delito contra la legalidad urbanística en el Ayuntamiento de Maracena.

Así, la Audiencia provincial mantiene que las irregularidades denunciadas por la exconcejal socialista Vanesa Romero no quedan corroboradas en los documentos intervenidos a raíz de su secuestro y que, por tanto, las conclusiones policiales que existen al respecto se basan en "meras sospechas" aportadas por su testimonio, y que en ningún caso pueden convertirse en pruebas concluyentes.

El desarrollo del secuestro

El auto del juzgado expone que, entre el 20 y el 21 de enero, la expareja de Berta Linares realizó consultas en Internet para la compra de una pistola de fogueo, presuntamente, con el objetivo de preparar el secuestro de Vanesa Romero, acontecido el 21 de febrero. A través de Amazon, la expareja de Berta Linares adquirió un cuchillo de tipo militar con 19 centímetros de hoja, que fue entregado unosa días después en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria.

"Con idéntica finalidad, presuntamente realizó consultas el 5 de febrero en cuanto a cómo se abría el capó de un vehículo de Mercedes de la clase A y asimismo con fecha 5 de febrero de 2023 realizó un pedido en la plataforma Amazon para adquirir una pistola simulada marca Colt, de color negro por importe de 36,99 euros que fue enviado al referido domicilio en la localidad de Rincón de la Victoria", expone el auto.

En los días siguientes, el secuestrador pintó con spray negro la pistola para que pareciese de verdad. En el mismo sentido, se hizo con unos guantes para evitar dejar huellas, bridas de plástico, papel de aluminio para envolver los móviles y evitar un posible posterior rastreo, cinta carrocera y otros efectos.

Unos hechos que tuvieron lugar en la mañana del pasado 21 de febrero, después de que la entonces concejal dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena. El acusado supuestamente le puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y acabó apuntándole con la pistola.

A continuación, el secuestrador entregó a la víctima en un momento dado su móvil para que mandase un mensaje de Whatsapp al arquitecto municipal de Maracena "porque tenía que hablar con él remitiéndole un mensaje", aunque el asunto no se concretó. Tras varios rodeos introdujo el coche en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse, momento que la edil aprovechó para escaparse y pedir ayuda.

Sin embargo, tal y como apunta el juez, no existe indicio alguno de que los políticos mencionados estén implicados o participasen de cualquier manera en el desarrollo de este delito.