El Ministerio de Defensa, que encabeza Pedro Morenés, ha adjudicado los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas sus instalaciones a Seguridad Integral Canaria, del empresario Miguel Ángel Ramírez, acusado por Hacienda de un fraude fiscal por pagar en negro conceptos retributivos, y condenado por cometer un delito urbanístico, del que fue indultado por el Gobierno de Rajoy en 2013.

Importantes edificios de Defensa
La empresa de Ramírez dará servicios de seguridad y control a todos los edificios de Defensa y sus sedes en autonomías;  edificios como el Complejo Arturo Soria en Madrid, bases militares, institutos, acuartelamientos, academias, subdelegaciones de Defensa y residencias militares, después de resultar adjudicatario del concurso público, que se resolvió en una subasta electrónica, según adelanta la web El BOEnuestrodecadadía.com.

Seguridad Integral Canaria consiguió un contrato que asciende a 31,87 millones de euros en total por dos años.

Condenado por un delito urbanístico e indultado
Defensa no ha tenido en cuenta que el empresario fue condenado en 2009 por un delito contra la ordenación del territorio por construir en zona protegida. El Gobierno le indultó y cambió su pena de tres años y un día por otra de dos para intentar evitar su ingreso en prisión. El indulto fue acordado en un Consejo de Ministros, en octubre de 2013, a iniciativa del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Acusado por Hacienda de defraudar

 

 

 

 


Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, un club en Segunda División, ha sido acusado por Hacienda de defraudar 2,3 millones de euros entre 2008 y 2009 por pagar “fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego “fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas", según consta en el informe que la Agencia Tributaria remitida a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, de acuerdo con una información de El Confidencial.

Lleva la seguridad en Metro de Madrid
La empresa de Ramírez Seguridad Integral Canaria tiene adjudicados, además, la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado, entre ellos el de Valle de los Caídos, San Lorenzo del Escorial, los Reales Alcázares de Sevilla o la Granja de San Ildefonso en Segovia.

Donante del PP
Según la web Canarias Semanal.org, que cita datos de la Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias, en 2011 el empresario acaparaba el 80% del gasto en seguridad de la Administración autonómica. En Las Palmas de Gran Canaria, donde gobierna el alcalde del PP José Cardona, Ramírez consiguió el contrato de seguridad y vigilancia de las Casas Consistoriales, las oficinas municipales del Metropole, en León y Castillo, y la Casa del Marino.

Según la citada web, la investigación del caso Bárcenas incluye el nombre del empresario como uno de los principales donantes del PP en 2010 y 2011 “a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL.