Las sombras de corrupción siguen planeando sobre el Ayuntamiento de San Javier (Murcia) después de que el plenario municipal escogiera a Salvador Pérez Alcaraz como abogado encargado el recurso por la anulación del concurso del agua. Con los votos únicamente del Partido Popular, Pérez Alcaraz, ha sido escogido a dedo y sin realizar un proceso de adjudicación para la tramitación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM). La selección de este abogado se ha realizado sin transparencia alguna. La cantidad de la minuta y los detalles del proceso de contratación no han sido revelados, aunque se sabe que tiene una estrecha relación con el Partido Popular en la región de Murcia.

El concurso del agua, adjudicado presuntamente de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros fue suspendido tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Dicha decisión se fundamentó por el cuestionamiento de diversos aspectos del proceso, desde presuntas irregularidades en las valoraciones hasta posibles conflictos de interés entre la empresa ganadora, Aqualia, y los entes responsables de la adjudicación, Ingeagua y el Ayuntamiento de San Javier.

José Miguel Luengo Gallego, alcalde del PP y segundo al mando del partido en la región de Murcia, ha designado a Pérez Alcaraz para representar los intereses municipales, basándose en su experiencia como profesor de Derecho Administrativo en varias universidades. Sin embargo, Pérez Alcaraz se enfrenta a un litigio de gran envergadura con este caso que afecta a San Javier, donde además la Fiscalía investiga posibles irregularidades relacionadas con el concurso público y la presunta connivencia entre Luengo, FCC Aqualia e Ingeagua.

Precedente en Cartagena con el mismo modus operandi

La contratación de este letrado a dedo y sin concurso parece habitual en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular de Murcia. En junio de 2022, MC Cartagena, denunció la contratación de Salvador Pérez Alcaraz por 17.908 euros en un contrato menor y sin concurso. Lo que hizo saltar las alarmas a la oposición fue el hecho de que el abogado, que fue contratado como externo para realizar una asistencia técnica como miembro del comité de expertos, figuró en el pasado como compañero de publicaciones y de bufete de la propia coordinadora de Urbanismo, Ángeles López Cánovas.

Pérez Alcaraz estuvo contratado durante ocho meses, en un encargo por el departamento que dirige la vicealcaldesa de Cartagena. Diversos grupos políticos se sumaron a la denuncia, alegando que «podría haber una suplantación de funciones, ja que había personal municipal suficiente para hacer dicho trabajo».

De Pérez Alcaraz no se han identificado ningún proceso de licitación por servicios, como es el que va a llevar a cabo en San Javier. En una ocasión, defendió a la Asociación Patriótica Millán Astray en Cartagena para mantener el nombre de una calle. En este caso, el ayuntamiento intentó cambiar el nombre de la calle por "Alegría", pero la sentencia falló a favor de la asociación debido a la caducidad del expediente administrativo y al archivo de las actuaciones.

Además, Pérez Alcaraz también ganó un caso en Jaén contra Perfumevil, que fue declarada en rebeldía. El juez dictaminó que la empresa debía pagar a Gestión y Selección de Personal ETT la suma de 1,114 millones de euros más intereses, además de imponer costas a la parte demandada.