El gobierno municipal de San Javier, liderado por José Miguel Luengo Gallego y el Partido Popular (PP), han escogido a dedo y sin realizar un proceso de adjudicación al abogado afín a los “populares”, Salvador Pérez Alcaraz. La tarea principal de Pérez Alcaraz será presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) por la anulación del concurso del agua, adjudicado presuntamente de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros.
La decisión de escoger a este abogado goza de una total falta de transparencia. No se ha dado a conocer ni la cuantía de la minuta ni tampoco el expediente para poder cerrar su contratación, únicamente que lleva 35 años de experiencia profesional en la Región de Murcia.
Esta decisión, también abre la puerta a sospechar que Luengo Gallego no confía en el equipo jurídico del Ayuntamiento de San Javier. Decisio Consulting es el despacho de abogados que ganó la adjudicación para representar jurídicamente a la localidad murciana. Parece que los más de 30 años de experiencia en contratación pública y el servicio prestado al consistorio no han servido para ganarse la confianza del equipo de gobierno en esta ocasión.
Decisio Consulting, SPL, fue la firma ganadora de la licitación por un valor de 6.000 euros para brindar servicios de representación legal. Este bufete, con sede en la capital de Murcia, superó al segundo licitador, que tenía menos experiencia profesional y solo había participado en 25 procedimientos contencioso-administrativos. Luengo Gallego no ha proporcionado detalles sobre la cantidad de casos manejados por Pérez Alcaraz. Mientras tanto, el equipo de Decisio Consulting presentó un exhaustivo resumen de sus más de tres décadas de experiencia, destacando sus 109 procedimientos contencioso-administrativos, 25 casos sociolaborales, 14 penales, cuatro contables y otros seis en la jurisdicción civil o mercantil.
El alcalde “popular” ha mostrado su confianza en Pérez Alcaraz para representar y salvaguardar los intereses municipales. Esta confianza se basa en su destacada trayectoria como profesor de Derecho Administrativo en instituciones académicas prestigiosas como la Universidad Complutense, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. Además, Pérez Alcaraz es coautor de un libro relevante sobre contratación pública a nivel local.
Una licitación irregular
La oferta de Aqualia sobrepasó notablemente el límite permitido, excediendo en un 56% a las propuestas de otros competidores, lo que generó múltiples recursos ante el TACRC. Desde el comienzo, el proceso de licitación ha estado envuelto en controversia, con inquietudes sobre un posible conflicto de intereses entre la consultora Ingeagua y el concurso, dado que Ingeagua invitó a Aqualia a participar en la licitación, siendo este último uno de sus clientes.
Pérez Alcaraz no ha pleiteado nunca en un caso millonario como el de San Javier, donde además la Fiscalía de Cartagena investiga indicios de criminalidad por una presunta connivencia entre Luengo, FCC Aqualia e Ingeagua, la empresa encargada de la redacción y las posteriores calificaciones del concurso público.
El fiscal está investigando la actuación del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien anteriormente estuvo vinculado a Aqualia y fue designado funcionario de carrera en San Javier por el alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha suscitado acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias en el proceso de selección.
En los últimos meses, también ha salido a la luz que Luengo Gallego trabajó durante tres años como ingeniero de obras públicas en la empresa José Díaz García S.A., el principal contratista de obras propuesto por Aqualia. Es decir, todas las obras civiles relacionadas con el mantenimiento e inversiones en el ámbito de la gestión del agua y el alcantarillado estarán a cargo del antiguo empleador del alcalde de San Javier.
