Casi dos meses ha tardado el Ayuntamiento de San Javier en recurrir la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sobre la anulación del contrato de agua de San Javier por un valor de 247 millones de euros. El gobierno de San Javier presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) horas antes de la fecha límite, el 15 de febrero.

El próximo pleno municipal, previsto para el mismo jueves, tiene como punto principal la interposición del recurso contencioso-administrativo frente a la resolución número 1596/2023 del TARCR, referente al contrato de aguas de San Javier. Este pleno se realizará a escasas horas de que finalice el plazo para presentar recurso. Salvo sorpresa, este punto del pleno se aprobará, puesto que el Partido Popular, quien gobierna con José Miguel Luengo Gallego al frente, tiene mayoría absoluta.

Para presentar el recurso, los populares no quieren confiar en los abogados que conforman el equipo jurídico del ayuntamiento, Decisio Consulting, y que cuentan más de 30 años de experiencia en contratación pública. En su lugar, han preferido contratar a dedo y sin realizar un proceso de adjudicación al abogado del PP en Murcia, Salvador Pérez Alcaraz.

La decisión de escoger a Pérez Alcaraz goza de una total falta de transparencia, puesto que no se ha dado a conocer ni la cuantía de la minuta ni tampoco el expediente para poder cerrar su contratación. La decisión de escoger a este abogado sorprende al conocer que no tiene experiencia en este ámbito, puesto que su ámbito de actuación es urbanismo.

Una de las grandes consecuencias de esta opaca licitación y su anulación son los graves perjuicios económicos para el municipio de San Javier. Por una parte, los ciudadanos deberán pagar de nuevo a una consultora para que realice el proceso de licitación. Y, por otro lado, se pierden las importantes inversiones en las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado que deberían empezado a realizarse, así como la aportación de recursos económicos para el municipio y otras mejoras.

Una licitación a dedo

La decisión del TACRC se fundamentó en la falta de transparencia durante el proceso de contratación. En particular, destacó que "en el momento de la adjudicación, no se reveló a los licitadores" que Ingeagua estaba a cargo de evaluar las ofertas, y tampoco se proporcionaron "las identidades de los técnicos o expertos del equipo evaluador", una falta de "transparencia" que considera "fundamental para los licitadores". Según este tribunal, esa falta de publicidad no cumple con las exigencias establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público.

El fallo también destaca que, al no revelarse la identidad de los evaluadores, los licitadores no tuvieron la posibilidad de impugnarlos en caso de percibir falta de imparcialidad. Además, el TACRC no acepta la aplicación de la confidencialidad por parte del ayuntamiento al divulgar las valoraciones de los licitadores, considerándola "tardía" o "fuera de plazo".

La oferta presentada por Aqualia superó significativamente el límite permitido, excediendo en un 56% a las propuestas de otros competidores, razón por la cual se presentaron varios recursos ante el TACRC. Desde el inicio, el proceso de licitación ha sido objeto de controversia, con preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses entre la consultora Ingeagua y el concurso, dado que Ingeagua invitó a Aqualia a participar en la licitación, siendo este último uno de sus clientes.

En el punto de mira del fiscal de Cartagena

Desde el pasado mes de septiembre la Fiscalía de Cartagena está llevando a cabo una investigación al contrato de agua tras detectar presuntos indicios de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en el concurso público.

El fiscal se centra en la actuación del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien previamente estuvo vinculado a Aqualia y que fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha generado acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias en el proceso de selección.

A lo largo de los últimos meses también se ha podido saber que Luengo Gallego, trabajó durante 3 años como ingeniero de obras públicas en la empresa José Díaz García S.A, el principal contratista de obras propuesto por Aqualia. Es decir, todas las obras civiles que impliquen el día a día de mantenimiento e inversiones que se den en el marco de la gestión del agua y el alcantarillado irán a cargo del antiguo empleador del alcalde de San Javier.