El concurso para la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier ha sido suspendido cautelarmente tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La decisión del tribunal central se esgrime tras el cuestionamiento de diversos aspectos del proceso, desde presuntas irregularidades en las valoraciones hasta posibles conflictos de interés entre la empresa ganadora, Aqualia, y los entes responsables de la adjudicación, Ingeagua y el Ayuntamiento de San Javier.

Al recibir los recursos dentro del plazo establecido contra dicha adjudicación a Aqualia, tal interposición procede a la suspensión de la tramitación del expediente de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Dichos recursos cuestionaban la transparencia y legalidad de la adjudicación del contrato más importante del municipio de San Javier.

Por una parte, se apuntan las irregularidades detectadas en el proceso de licitación y la relación con el posible conflicto de intereses de la consultora Ingeagua con Aqualia. Y, por otra parte, se cuestiona la relación del actual alcalde, José Miguel Luengo Gallego con Aqualia, por un posible conflicto de intereses puesto que estuvo empleado durante 3 años por el principal contratista de obras propuesto por la filial de FCC en el proyecto y que ha sido escogido por el consistorio murciano para la gestión del agua y alcantarillado del municipio.

Dudas en la relación de Ingeagua y Aqualia

El proceso de licitación lleva generando controversias desde el principio. Sobre la mesa se encuentra el posible conflicto de intereses entre la consultora Ingeagua y el propio concurso, ya que la consultora fue la que invitó a FCC Aqualia a participar en la licitación debido a ser uno de sus clientes.

La oferta de Aqualia excedió significativamente el límite permitido y superó en un 56% a las de otros competidores. Según varias investigaciones periodísticas publicadas en los medios, hay una alta frecuencia de coincidencia cuando Ingeagua se encarga de redactar y gestionar concursos públicos en diferentes municipios españoles y Aqualia, que acostumbra a llevarse el contrato en cuestión en estas circunstancias. En los últimos meses, se han observado estas prácticas en al menos 15 ayuntamientos donde Aqualia presta sus servicios.

Cuando se conocieron estos hechos, el grupo municipal Pleamar exigió al ayuntamiento que aportara información para aclarar si las acusaciones eran fundadas o no, a lo que el consistorio dio la callada por respuesta. Frente a esta situación, Pleamar decidió elevar sus preocupaciones a la Fiscalía.

La Fiscalía de Cartagena también investiga el concurso

A la resolución del TacRC, hay que sumar la indagación que está llevando a cabo la Fiscalía de Cartagena desde el pasado mes de septiembre. El fiscal inicio una investigación a la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado al detectar presuntos indicios de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en el concurso público.

El escrito de la Fiscalía también pone el foco en la controvertida actuación del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien previamente estuvo vinculado a Aqualia y que fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha generado acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias en el proceso de selección.

A lo largo de los últimos meses también se ha podido saber que Luengo Gallego, trabajó durante 3 años como ingeniero de obras públicas en la empresa José Díaz García S.A, el principal contratista de obras propuesto por Aqualia. Es decir, todas las obras civiles que impliquen el día a día de mantenimiento e inversiones que se den en el marco de la gestión del agua y el alcantarillado irán a cargo del antiguo empleador del alcalde de San Javier.