El Congreso tiene previsto organizar una exposición fotográfica con motivo del primer aniversario de la DANA que asoló parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que dejó más de 220 víctimas. Según han detallado fuentes parlamentarias, será una muestra de 'fotoperiodismo' que se expondrá en alguna de las salas de la institución.
Para ello, el Congreso ha iniciado ya los trámites creando un comisionado organizativo formado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Periodistes Valencians. La idea es seleccionar unas 45 fotografías de fotoperiodistas que acudieron durante los días posteriores a las zonas afectadas.
Aunque el proyecto se está pensado inicialmente para la Cámara Baja, pero no se descarta que al final se transforme en una exposición itinerante y pueda verse también en otras instituciones nacionales y autonómicas.
Además, de esta exposición, la Cámara Baja tiene constituida una comisión de investigación sobre este asunto con el objetivo de dar voz a las víctimas y depurar responsabilidades, aunque todavía no tiene aprobados ni los planes de trabajo, ni el listado de comparecientes y la previsión es que hasta septiembre no se reanuden los trabajos.
La jueza de la DANA cuestiona el último informe de la Guardia Civil
El fenómeno meteorológico que asoló la provincia valenciana el pasado 29 de octubre de 2024 sigue de rigurosa actualidad, no solo por su depuración de responsabilidades políticas, sino por su trayectoria judicial. La magistrada que investiga las consecuencias de la misma ha arremetido con dureza contra la Guardia Civil y su último informe. En un reciente auto, la jueza censura el informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, al que califica de “erróneo en sus consideraciones y apreciaciones”, y acusa a los agentes de haberse extralimitado en su cometido.
El documento, que debía limitarse a establecer una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con las víctimas mortales, incluyó valoraciones sobre la supuesta responsabilidad de varias administraciones. La instructora no solo desacredita ese enfoque, sino que rechaza tajantemente imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a la presidenta de Aemet, María José Rallo, como pedía la acusación popular ejercida por la asociación Liberum.
Según consta en el auto del Tribunal de Instancia de Catarroja, “el análisis de la negligencia, fallos o posición de garante, es exclusivamente jurisdiccional”. Pues el informe que desglosa la cronología de los hechos incide en distintas valoraciones que no correspondía a la Policía Judicial, “las mismas no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado”.
El auto por el que se acordaba la prueba se ceñía a la elaboración de una cronología, plenamente judicializada en el momento de acordarse y, cuando se encargó, ningún informe de la Guardia Civil revelaba algún tipo de error en la gestión de emergencia así que no se acordó “trasladar una valoración de tal calado a la Policía Judicial”. “Cualquier valoración exclusivamente policial de las negligencias o incumplimientos estaba condenada al fracaso, porque el análisis se sustentaría siempre en uno limitado exclusivamente a la prueba documental”.
