Nueve años ha habido que esperar para que la reforma de la Ley Mordaza sea una realidad. El pacto está sobre la mesa gracias al acercamiento entre PSOE y Bildu, al que se adhirieron después Sumar, ERC, PNV y BNG con fuertes visos de cristalizar. De hecho, la idea es que cristalice antes de que acabe este 2024. Sin embargo, la incógnita de Podemos mantiene en cuarentena su viabilidad. Aun con el cambio de estrategia de los morados y el juego del escondite de Junts, se espera que el Congreso tome en consideración este martes la reforma.
Y es que el Pleno iniciará este martes el primer paso para hacer realidad una promesa electoral que se ha enquistado con el paso de las legislaturas. La Ley de Seguridad de Ciudadana que aprobó la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy en 2015 puede tener los días contados. La Cámara Baja tomará en consideración la reforma de la Ley Mordaza que pactaron PSOE y Bildu hace escasas semanas y que esperan se apruebe antes de finales de año.
La reforma, registrada en calidad de proposición de Ley con el sustento externo de ERC, PNV y BNG, se enfrenta a este primer escollo parlamentario que, de superarse, abriría paso a su tramitación en ponencia, comisión y Pleno. Los firmantes del texto solicitaron que se cursase por el procedimiento de urgencia para reducir a la mitad los plazos y así se hará.
La nueva ley
Los impulsores esperan aprobar antes de final de año una reforma que recoge todas las sensibilidades, acuerdos y avances cosechados entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en el cuatrienio anterior. Aquella negociación saltó por los aires, sin embargo, por el desmarque de Bildu y Esquerra al no ver satisfechas sus demandas, por lo que catalogaron el acuerdo de insuficiente. Así, la reforma decayó por el adelanto electoral, pero tras el primer año de legislatura espera cristalizar.
De las conversaciones entre socialistas y abertzales emanó el compromiso de la “sustitución progresiva” de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, así como poner fin a la “discrecionalidad” en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. También contempla la obligatoriedad de presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para acabar con las “devoluciones en caliente”. Todos ellos, puntos calientes de la negociación que finalmente se han colmado en esta legislatura.
A un nivel mayor de profundidad, la nueva ley erradicará con la “discrecionalidad” que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015, de tal manera que "deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión", destacó Bildu.
La incógnita Podemos
El acuerdo es del agrado del grueso de fuerzas que componen el bloque de la investidura, con la excepción de Junts y también de Podemos. Casualmente, diputados morados comentan en privado que quieren inspirarse en la acción negociadora de los neoconvergentes para obligar a los socialistas a corregir el “giro a la derecha” que le imputan en esta nueva legislatura, donde no pueden fiscalizarles desde el Consejo de Ministros.
He aquí la madre del cordero. Pues la postura de Podemos para los Presupuestos, ratificada este mismo lunes por las propias bases del partido, podría condicionar el trámite de la reforma de la Ley Mordaza. Desde la formación morada, de hecho, no han avanzado posicionamiento con cierta claridad. Incluso han jugado a dejar en vilo el apoyo en la votación de este martes porque no pueden garantizar su ‘sí’ a la toma en consideración.
No obstante, cuando PSOE y Bildu hicieron público el acuerdo, los morados dejaban entrever poca satisfacción al comprender que no supone “ni mucho menos” la derogación de mordaza. Por eso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunciaba que su grupo presentaría enmiendas a la reforma. Un movimiento que, por otro lado, implicaría su voto a favor en la toma en consideración.
