El último tramo de legislatura se ha complicado para la coalición. El nivel de dificultad se ha incrementado y por si hubiera pocos, no han dejado de abrirse diversos frentes a los que dar respuesta. Pese a tener bienestar animal en la buchaca, los nexos entre los socios de Gobierno se desgastan a mayor velocidad, abriendo paso a un rosario de fricciones que, en virtud del horizonte electoral, no se solucionan entre bambalinas. La nueva polémica por los precios de la cesta de la compra y el envío de armas a Ucrania aderezan la ensalada de disputas sin ocultar los malos sabores de Vivienda, Mordaza y, por supuesto, sólo sí es sí.

Es muy difícil negociar con el PSOE”. Así resumen algunas voces del ala morada del Ejecutivo las relaciones con el socio mayoritario. Un mantra que ha resonado intramuros de Moncloa durante estos más de tres años ya de coalición. Desde la facción socialista no pocas veces han alardeado con su poderío ante sus socios, mayoritariamente sin micrófonos de por medio, haciendo gala de su musculatura parlamentaria y recordando a sus aliados que están donde están gracias a ellos. La otra lectura, que por supuesto no rehúyen, es la bidireccionalidad de esa máxima. Es decir, el PSOE es Gobierno gracias a ellos.

Cesta de la compra

Más allá de estas testosterónicas verborreas, la realidad es que cada vez es más ancha la distancia entre los dos socios. Esta última semana, Derechos Sociales y Agricultura han aireado sus diferencias en materia de los precios de la cesta de la compra. La bandera social está en disputa y a medida que avanza el calendario electoral se acrecenta. En este caso, ministros del PSOE se han encargado estos últimos días de bajar el souflé de Unidas Podemos en lo relativo a los precios de los supermercados, provocando una nueva brecha en el momento más sensible para la coalición.

La propuesta inicial de los morados apenas tuvo recorrido. La titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, puso sobre la mesa una bonificación del 14,4% sobre el precio de los alimentos de la cesta básica de la compra. El plan pasaba por reducir su coste hasta los niveles del pasado mes de febrero de 2022, antes de la invasión de Ucrania. La iniciativa, además, se combinaba con un control de los precios fijados por los supermercados con carácter semanal, amén de multas para las cadenas de distribución que sacaran rédito de esta subvención para engordar sus ganancias.

Es inviable”. Dos palabras necesitó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para enterrar la propuesta del socio minoritario. Tambores de guerra de nuevo. Las declaraciones de la también vicesecretaria general del PSOE precedieron a una salida en tromba de otros ministros socialistas, como la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, y el responsable de Agricultura, Luis Planas, una de las voces de autoridad en este asunto. La número dos de Sánchez en Moncloa descartó la vía morada al asegurar que el Gobierno seguirá tomando medidas “adecuadas” para adelgazar el IPC, pero sin que estas conlleven a efectos “contraproducentes”. Por su parte, Planas avanzó que bajo ningún concepto se toparían los precios de los alimentos.

Planas acompasó su rechazo con una nueva propuesta que generaría, a la postre, una subida de tono en la discusión por parte de Unidas Podemos. El titular de Agricultura pidió a los supermercados que bajaran los precios, mientras que los morados reprendían la iniciativa: “No se puede mandar a la gente a peregrinar por los mercados buscando mejores precios”. Belarra subrayó que estas grandes cadenas “son parte del problema” al “especular” con el precio de los alimentos hasta incrementarlos por encima de los niveles de inflación. “Un Gobierno tiene que gobernar”, resumió la ministra de Derechos Sociales, aunque Planas se posicionó en favor de los hipermercados al asegurar que “no se están forrando”.

Ucrania, frente de batalla habitual

La guerra a las puertas de Europa abrió desde el minuto cero una brecha importante en el Gobierno de coalición, ensanchada cuando en la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el pasado verano, Sánchez se comprometió a aumentar el Presupuesto destinado a Defensa. Escollo en el camino superado de aquella manera por el PSOE en la negociación de las cuentas públicas. Pero el foco del debate se posa sobre el envío de material militar defensivo al frente ucraniano.

El socio minoritario percute aún con eslóganes antibelicistas, incluso recurriendo al comodín de El Vaticano. La disonancia envuelve al envío de 10 tanques tipo Leopard que España enviará a Ucrania para “defenderse de la agresión de Putin”. Así lo reiteró hasta la saciedad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Ucrania con motivo del aniversario de la guerra y, posteriormente, en la tourné por los principales medios de comunicación, donde tampoco cerró la puerta al suministro de cazas. “Lo vamos a estudiar”, deslizó.

En Podemos insisten que el tiempo les ha dado la razón y que durante estos 365 días han dicho “la verdad”: esta guerra solo se terminará con una negociación y un alto al fuego o un conflicto global entre las potencias nucleares. Por ello, Belarra ve un “error” el envío de los carros de combate al frente y pone sobre la mesa que el Gobierno aproveche su liderazgo a nivel internacional para alcanzar una resolución pacífica. “¿Qué es lo siguiente, mandar soldados españoles a ucrania?”, lamentó la titular de Derechos Sociales.

Vivienda, mordaza y la crudeza de las negociaciones

El resto de discrepancias persisten y se acentúan a medida que pasa la legislatura, que se encuentra en su sprint final. Desde el ala morada del Ejecutivo lamentan las dificultades que entrañan las negociaciones con el PSOE. “Es complicado”, comentan a este periódico fuentes próximas a las conversaciones por la Ley de Vivienda, enquistada después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Derechos Sociales llegaran a un principio de acuerdo. Sin embargo, el texto ha vuelto a cuidados intensivos tras su paso por Economía.

Del "estamos más cerca que nunca” al sí, pero no. “Siempre parece que está a punto, pero al final…”, lamentan fuentes próximas a la negociación entre los socios de la coalición. Y es que el problema ahora, según apuntan estas voces consultadas por ElPlural.com, reside en el tiempo de aplicación de la normativa. Existen diferencias en el marco del control de precios, la persecución de determinados subterfugios (introducir y quitar pisos en el mercado) u otras micro lagunas de la ley, pero el foco de la disonancia se ha estancado ahora en si la reforma será estructural o temporal. “No sabemos qué proponer. Todo nos lo tumban”, argumentan.

Problemas que se reproducen en otros frentes abiertos legislativos, como la ley Mordaza, bebés robados o secretos oficiales. “Hay muchas leyes por desbloquear, pero están enquistadas por enmiendas”, comentan otras fuentes del ala morada del Ejecutivo, que remarcan su mano tendida para “desbloquearlas”, pero el tiempo corre y el barco sigue encallado. “A la legislatura le queda lo que le queda”, resumen.

El sí es sí, o con Podemos o con el PP

Importantes piedras en el camino para aprobar un texto que surgió como compromiso del Ejecutivo, al igual que la ley del solo sí es sí, cuya entrada en vigor ha abierto la puerta a innumerables revisiones de condena a agresores sexuales. El PSOE dibujó un contrapeso para sellar ese chorreo de “efectos indeseados” y que no gusta en demasía a los socios minoritarios, que incluso denuncian que los socialistas se han levantado de la mesa de negociación.

En cualquier caso, el calendario apremia y las conversaciones en este sentido también se encallan. El próximo 7 de marzo, una jornada antes del Día Internacional de la Mujer (8M), se debatirá la reforma propuesta por el Ministerio de Justicia para corregir los efectos “no deseados” del articulado de Igualdad, al rechazar la Mesa del Congreso la petición de urgencia del PSOE. Restan menos de dos semanas para la sesión, marcada en rojo por todos los grupos, pero en Podemos insisten que o el PSOE se apoya en los morados o lo tendrá que hacer con el PP. Por su parte, desde Ferraz, voces próximas a la dirección han optado por aislarse del ruido y dejar que sean sus socios los que se retraten en la votación.