“No alcanzamos a comprender, si no es de la óptica del oportunismo político y mediático, como se puede sostener una postura acusatoria y de imputación de la tripulación de la patrullera Cabaleiro”, arranca el auto de sobreseimiento libre y archivo de diligencias del magistrado, y al que ha tenido acceso la Cadena SER.
El uso del término "sobreseimiento libre" implica que el magistrado entiende como evidente que no se dio el hecho en apariencia delictivo o que se ha desvanecido su apariencia delictiva. Es similar a una sentencia absolutoria, aunque aún cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
En el auto, el magistrado señala que “a lo largo de este farragoso, y extraño, procedimiento se enfoca el problema desde la más pura de las teorías relativas a la navegación, pero absolutamente desconectada de la realidad que impone el mar. Se invocan reglamentos, 'prevención de abordaje', convenios con Servicio Marítimo de Rescate, protocolos de actuación etc. Y que se convierten en papel mojado ante las situaciones, que exceden cualquier normativa impuesta por el frio papel de la norma, cuando es el mar impone su orden y cuando alguien con una mínima experiencia en el mar es plenamente consciente que la Mar no se somete ni a regulaciones ni a protocolos, y las pautas de actuación vienen impuestas por ella”.
Es decir, el auto cuestiona abiertamente que los agentes tuvieran que cumplir con los protocolos de salvamento marítimo o de rescate que imperan dentro de la Guardia Civil o Salvamento Marítimo en España y sobre los que la acusación popular había exigido una serie de pruebas. “Es absolutamente improcedente que se criminalicen como en este caso se hace conductas de forma oportunista […] choca frontalmente con el sentido común y una mínima consideración de racionalidad”.
El juez culpa al patrón de la patera -"que soltó la caña"- y a una avería en uno de los propulsores de la lancha de la Guardia Civil como causantes del choque. “El impacto se produjo como consecuencia de la concurrencia de las dos circunstancias, el que la patera al quedarse sin gobierno interceptara el rumbo que llevaba la patrullera y que ésta por las dificultades técnicas descritas no hubiera podido evitar la colisión” asegura el juez.
Pero además el juez insiste en que hay un trasfondo político de fondo. “La única conclusión a la que se puede llegar, al margen de consideraciones políticas, - que son las que mantienen vivo este procedimiento, ninguna responsabilidad cabe imputar a quienes estaban al cargo del gobierno de la patrullera “Cabaleiro”, como se pretende derivar por las acusaciones sin tener en cuenta, como hubiera sido lo correcto, la concurrencia de la responsabilidad de quien gobernaba la patera para evitar la colisión”.
“Las partes acusadoras, al contrario que el Ministerio Fiscal, pretenden hacer de este procedimiento una causa general contra el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuya dedicación, sacrificio y abnegación en estos servicios de rescate son incuestionables” llega a sentenciar el magistrado Lis, en una clara crítica a las ONG que se han personado en la causa en defensa de la familia del muerto y de las de los seis desaparecidos.
