María Guardiola se reafirmó este martes como una nueva estrella dentro del organigrama del PP. Lo hizo con fuerza, dureza y firmeza. Reivindicando el valor de la palabra como única arma capaz de consolidar los pilares de la democracia, no ceder ante los negacionistas y reivindicar los derechos alcanzados. Debates superados, a su juicio, que son intercambiados por votos de la extrema derecha en otros territorios como la Comunidad Valenciana.
La rotundidad con la que María Guardiola se dirigió a la prensa minutos después de la constitución de la Asamblea de Extremadura, reafirmando su compromiso a ir elecciones en caso de que los de Abascal no favorezcan que gobierne en solitario -por el momento, Vox es firme: o entran en el Ejecutivo regional o habrá repetición electoral en noviembre-, generó grandes interrogantes: ¿por qué el PP extremeño es tan rotundo y el valenciano no lo es? ¿Si se han pactado cerca de 140 ayuntamientos con Vox -incluso, algunos, sin necesidad de hacerlo-, qué cambia en estas negociaciones poselectorales? ¿Por qué al mismo tiempo que Guardiola se plantaba en Extremadura el PP votaba a favor de nombrar a un dirigente machista, homófobo y negacionista del cambio climático como presidente del parlamento autonómico de las Islas Baleares?
La asimetría en la dureza de la respuesta a la representatividad de Vox en las diferentes instituciones ha pillado a Alberto Núñez Feijóo a contrapié. El presidente del PP, con las generales a la vuelta de la esquina, trata de equilibrar su respuesta a la extrema derecha haciendo malabares con las distintas realidades que experimentan los territorios donde las elecciones del 28M forzaron negociaciones con la formación de Abascal. Desde Génova, a preguntas de ElPlural.com, responden tirando de calculadora y poder de influencia aritmética: “En Extremadura tenemos seis veces más diputados que Vox. En Valencia, algo más del doble”, exponen. Similar caso al de Murcia, donde, entienden desde el entorno cercano de Feijóo, deberían gobernar en solitario porque están “a dos diputados de la mayoría absoluta”.
Sin embargo, si la cuestión no es más que un tira y afloja por los grandes resultados cosechados en estos dos territorios, el argumentario es más difuso aún en las negociaciones municipales, cerradas en su mayoría por el imperativo legal de constituir las administraciones locales el pasado sábado 17 de junio. ¿Si el PP solo pacta con Vox allí donde más fuerza tienen y donde son extremadamente necesarios, por qué metieron a la extrema derecha en coalición en municipios como Majadahonda, donde tienen mayoría absoluta? La situación se extiende a otras grandes localidades, como Móstoles (segunda ciudad con más habitantes de la Comunidad de Madrid), donde como primera fuerza y sin mayoría alternativa podían gobernar en solitario si así lo hubiesen decidido. La respuesta de Génova a ElPlural.com es confusa: “Realidades asimétricas”, se limitan a señalar.
La “asimetría del PP”
Si hacemos balance de la asimetría de los pactos poselectorales del PP que reconocen internamente, el resultado es demoledor: el PP ha pactado con Vox prácticamente en la totalidad de territorios donde los ha necesitado, incluso en aquellos donde el PSOE, como en Castilla-La Mancha, se abrió a estudiar pactos puntuales para que gobernase la lista más votada. Entre las grandes ciudades encontramos ejemplos como Toledo, Valladolid, Ponferrada, Burgos, Alcalá de Henares, Elche o Móstoles, entre otras. El total de municipios es cercano a los 140. A nivel autonómico es donde más se han complicado las negociaciones, especialmente después de que Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, aceptase una coalición electoral con los de Abascal a cambio de retirar de los quinielables en sus consejerías a Carlos Flores, candidato de Vox el 28M con una condena de violencia de género en la hemeroteca.
En las Islas Baleares el acuerdo también parece cercano: por el momento, el PP ya ha cedido a las exigencias de los ultras en la constitución del parlamento autonómico, donde Gabriel Le Senne fue elegido este martes presidente pese a su hemeroteca de comentarios homófobos, tránsfobos, machistas y negacionistas. Además de estas dos, en el recuerdo cercano, y con infinidad de problemas internos, Castilla y León sirvió como primera prueba piloto del pacto entre las dos grandes derechas en coalición.
El ‘no’ de Guardiola
"Yo solamente tengo mi palabra y mi trabajo. Es mi patrimonio y por esos los extremeños nos dieron su voto el 28 de mayo. La política no debería servir para ocupar sillones. Cambiar mi tierra y mejorar la vida de los extremeños. Ahora mismo no es el poder lo que está en juego, es la dignidad de esta tierra. Soy una servidora pública con ideas y con compromisos. Una cosa es escuchar y negociar y otra mercadear con la ilusión de Extremadura".
Así arrancó María Guardiola una intervención que acabó por dilapidar las pocas esperanzas de la extrema derecha en una cesión a medio plazo: “Creo en una Extremadura moderna, respetuosa, permeable, solidaria, responsable y donde el amor no admita matices. El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio y traicionar a mi tierra y lo que dije en campaña, pero no. Esa no soy yo. No es mi forma de ser. He llegado a la política sin hipotecas, me siento muy libre y solo tengo un propósito que es trabajar mucho para mejorar esta tierra", prosiguió.
"Han antepuesto sus ganas de poder y esa soberbia al cambio. No han sido capaces de ver más allá de su propio ombligo. Hablan mucho de cambio, pero a la hora de la verdad ofrecen medidas totalmente obsoletas y el aplauso fácil de los suyos. A un partido lo que hay que pedirle es altura de miras y respeto a su tierra. En Vox lo único que he encontrado es zancadillas, desunión y ansia”, añadía, para corroborar que, bajo su mando, “Extremadura no sería moneda de cambio” en las negociaciones de Madrid.
