El destino es caprichoso y ha querido que este jueves coincida la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, con la iniciativa que defenderá Vox en el Congreso de los Diputados y que se orienta en la misma dirección. La ultraderecha, que junto con el PP cántabro maniobró para revocar el articulado, planteará en el Pleno la revocación del articulado a nivel nacional y de toda las medidas adoptadas bajo su paraguas, como la resurrección de la asociación del Valle de los Caídos.
La derogación contiene un texto idéntico al que publicó el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 12 de noviembre, contando con la firma de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), que afirma en el preámbulo del articulado que la ley “nació muerta” porque quienes la promovieron en la anterior legislatura (PRC y PSOE), no pretendieron el consenso ni en la forma ni en el fondo, ni tampoco “admitieron el diálogo” en torno a la normativa.
En el texto publicado en el BOE, la presidenta cántabra explica que de una ley “pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación. Pero la Ley no pretendió el consenso ni en la forma ni en el fondo: ni lo alcanzó en su tramitación, ni lo alcanzó en su contenido. Quien la promovió no lo buscó: ni siquiera admitió el diálogo".
El PP llevaba en su programa electoral la derogación de esta ley, que se ha tramitado en la Cámara autonómica por la vía de urgencia gracias al apoyo de Vox, que también entendían la normativa como un “ataque a la convivencia y a las libertades democráticas”.
De Cantabria, al Congreso
Por este motivo, y coincidiendo en tiempo con la publicación en el BOE, Vox defenderá lo propio en el Pleno del Congreso, que votará una iniciativa de la ultraderecha para la derogación completa de la Ley de Memoria Democrática y de todas las medidas adoptadas bajo su amparo. Un texto alternativo a la reforma impulsada por el PSOE de la Ley reguladora del derecho de asociación para disolver todas aquellas asociaciones que enaltezcan el franquismo. Así, plantean la resurrección de la Asociación del Valle de los Caídos.
Los ultraderechistas se opusieron a tal reforma, por lo que presentaron una enmienda de totalidad al texto, junto con su propuesta para sustituir la proposición del PSOE que a la que el Pleno ya dio su visto bueno hace semanas. No obstante, el intento de Vox es puramente cosmético, pues no junta los apoyos necesarios para sacar adelante la votación y, parafraseando a Sáenz de Buruaga, “nace muerta” la iniciativa. Así, la iniciativa socialista continuará su recorrido parlamentario.
Vox plasma en el texto alternativo que, además de la derogación íntegra de la normativa de Memoria Democrática, algunas medidas que se han adoptado en virtud de la ley para exigir que sean revocadas y sus efectos revertidos. En este sentido, ponen sobre la mesa la supresión de la figura del fiscal de sala en el campo de los Derechos Humanos y Memoria Democrática o la extinción de los procedimientos sancionadores incoados en virtud de la ley o, por el contrario, la reparación de aquellas personas que han recibido alguna multa cuando la sanción “hubiese implicado” un atentado contra los derechos fundamentales o las “libertades públicas”.
En el texto alternativo, los ultras proponen eliminar de cualquier actividad del índole educativo que la inclusión de contenidos definidos como de Memoria Democrática, pero también toda aquella que “contenga elementos de utilización de la Historia contemporánea de España con fines ideológicos, contra el derecho constitucional de los padres a que sus hijos no reciban formación en contra de sus propias convicciones”. Una suerte de Pin Parental, vaya. También busca la prohibición de libros de texto y materiales curriculares que entiendan como “ideologizados” en dicha materia y que se eliminen los que ya se hayan editado.
Así, mantienen firme su apuesta por eliminar el Centro Documental de Memoria Histórica y declarar nulas, además de sin efecto, “las revisiones, retiradas y supresiones de distinciones, condecoraciones y título” realizados en virtud de la ley; tanto desde el punto de vista nobiliario como de las condecoraciones policiales.
Por último, proponen dejar en “nula y sin efecto” también la declaración de extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que el régimen jurídico del lugar se determine conforme a la “comunidad religiosa allí establecida”. Para ello, establecen como condición sine qua non que siempre se produzca “con arreglo a los principios de respeto a los restos mortales que allí se hallen, de inviolabilidad de los lugares de culto; y de cumplimiento de los tratados internacionales y del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede.
