El ‘aznarismo’ arropa a Ayuso en su cruzada antiabortista frente a Feijóo

Que el aborto es un elefante en la habitación del Partido Popular desde hace décadas es innegable. Incluso en pleno 2025, este debate hace mella en las entrañas de la formación y genera una abrupta división entre los cuadros ultracatólicos y el ala más moderada. El presidente del Gobierno, sabedor de los efectos que podría surtir en sus adversarios, introdujo en la conversación política una cuestión de lo más espinosa para un Alberto Núñez Feijóo que ya mantiene un nuevo pulso con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Combate intestino al que se han sumado algunos de los grandes popes del aznarismo como los ex ministros Federico Trillo o Jaime Mayor Oreja. Voces que ya han tomado partido en favor de la baronesa conservadora, desautorizando a Génova.

Por ahora, el debate interno en el PP no cuenta con la docta opinión del expresidente José María Aznar. Pero sí se han metido de lleno algunos de los máximos representantes del aznarismo. El primero en hacerlo fue el que fuera ministro del Interior a principios de este siglo, Jaime Mayor Oreja. Un perfil que no acostumbra a esconder su filia ultracatólica, utilizó a la Plataforma NEOS – proyecto propio del exdirigente – para adoptar un bando en esta batalla intestina en Génova. Lo hizo este mismo viernes, manifestando abiertamente su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su “defensa de la libertad de conciencia” frente a las presiones del “Gobierno totalitario” para crear registros de médicos objetores.

“Compartimos plenamente, por tanto, su posición sobre que no deben existir ‘listas negras’ que estigmaticen a los profesionales sanitarios que se niegan a participar en abortos”, sostiene el escrito de la plataforma que encabeza el exministro. En este sentido, la entidad puntualiza que la objeción de conciencia es un derecho reconocido en el artículo 16 de la Constitución, por lo que denuncia que este “señalamiento”, además de “marcar a quienes mantienen su juramento hipocrático y la obligación moral de defender la vida”, supone un ataque directo a los que “ejercen su derecho constitucional”. “Registrarles o vigilarles supone una vulneración grave de las libertades fundamentales y una deriva autoritaria incompatible con el Estado Derecho”.

A mayor profundidad, Mayor Oreja, a través de su plataforma, insiste en el “riesgo de identificar las fronteras morales de lo que está bien y lo que está mal con las leyes vigentes” en lo que estiman una “deriva del llamado positivismo jurídico”. De tal modo, puntualizan que “la Historia ofrece numerosos ejemplos de leyes, aprobadas conforme a los procedimientos establecidos, que ampararon graves injusticias y dieron lugar a algunos de los capítulos más oscuros” de la Humanidad. En este archivador, se entiende, incluyen el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, sobre sus cuerpos.

De Interior, a Defensa

El exministro Mayor Oreja no es el único rostro del gabinete de José María Aznar que ha entrado al trapo. Este mismo sábado, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su libro Memorias de anteayer (Deusto), el que fuera titular de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, ha seguido en la línea marcada por su colega de Interior. “Hace bien en negarse”, comenzaba su reflexión, al hilo de la lista de médicos objetores al aborto que delimita la legalidad vigente. “Me parece muy bien porque no se puede hacer una lista ni blanca ni negra ni de ningún otro tipo por ejercitar un derecho constitucional que es el derecho fundamental a la objeción de conciencia”, profundizó.

Trillo entiende que si la ley dice “otra cosa”, será el propio texto el que “sea inconstitucional”, en referencia a la amenaza de Sánchez con llevar a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por negarse a cumplir con la lista de objetores de conciencia. En este sentido, aseguraba que la posición del Partido Popular con respecto al aborto, que no se cambió en el Congreso de la formación el pasado mes de julio, es la de no “reconocer ningún derecho al aborto porque constitucionalmente no lo hay”. Y si en Génova dicen que hay que garantizar asistencia médica e informativa a las mujeres “no me parece mal”, pero desde luego, concluye, “derecho al aborto no hay”.

Por tanto, echa algo de agua al guiso al deslizar que no ve “ninguna división” interna en el Partido Popular, por lo que tampoco ve necesario “ocultar este debate” para agregar que si Pedro Sánchez cree que “le da votos”, que sean los españoles los soberanos y decidan en las urnas. En este punto, ha asegurado que su posición “ha sido siempre y será muy clara en favor del derecho a la vida y en contra del aborto, con total asistencia a las que quieran practicarlo y con una sanción” y “un reproche social a una conducta que es la contraria al derecho, que es el derecho a la vida”.

A este respecto, después de que el propio Feijóo asegurara que si gobierna garantizará el aborto “conforme a las leyes”, el ex responsable de la cartera de Defensa indicaba que si la dirección del partido quiere mantener “una posición homologadora de la ley de plazos”, deberá debatirse en un congreso. “Desde luego yo no estaré en esa posición. Yo defiendo la vida desde el primer momento”, insistió.

De ahí que exhiba su rechazo rotundo a la ley de plazos, avalada por el Constitucional en 2023. Incluso admitía que él la incluiría en el listado de leyes que deben derogarse que avanzó Feijóo antes de las vacaciones de verano. “Yo pido que esas leyes se deroguen, las actualmente vigentes. Y desde luego no reconocer el derecho al aborto porque no lo es”, reflexionaba el exministro, al tiempo que catalogaba la maniobra de Sánchez para blindar el derecho al aborto en la Constitución como una “engañifa más” al necesitar “tres quintos” del Congreso para la reforma. Votos que, puntualizaba Trillo, no están en disposición de Sánchez al ser necesario el Partido Popular.

"Si no tiene ni siquiera mayoría absoluta para sacar los Presupuestos y quebranta la Constitución año tras año toda la legislatura, ¿cómo la va a tener para reformar la Constitución y los derechos fundamentales?", remataba, para recalcar que se trata de "una tomadura de pelo, como tantas de Sánchez".