La gestión de la crisis sanitaria por parte de Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, inicialmente marcada por un tono triunfalista, experimentó un cambio progresivo a medida que avanzaba el tiempo. El entusiasmo inicial por la llegada de material sanitario desde China, gestionado personalmente por la presidenta, según defendía la propia región, se fue matizando con la aparición de informaciones sobre presuntas irregularidades durante todo el proceso. En concreto, las acusaciones que involucraban tanto a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, como a su pareja, Alberto González Amador, en posibles actos impropios, comenzaron a empañar la imagen de eficiencia y dedicación que supuestamente la presidenta madrileña había proyectado.
Este cambio de narrativa reflejó un ajuste en la comunicación pública de la Comunidad, que pasó de resaltar las gestiones exitosas a defenderse de las críticas y cuestionamientos surgidos en torno a la transparencia y la ética de su administración. Unos reproches que, superada la pandemia, siguen formando parte del día a día de la Comunidad.
El triunfalismo de Ayuso
Durante la crítica primera ola de la pandemia de COVID-19, que dejó cerca de mil fallecidos diarios en la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se enfrentó al Gobierno central. En medio de la crisis, anunció, a bombo y platillo, la importación de material sanitario desde China, comprometiéndose a una gestión personal de los suministros. Cada avión que aterrizaba era una oportunidad para destacar su labor, incluso recibiendo personalmente los cargamentos en el aeropuerto de Barajas y enfatizando en comunicados que la gestión era "directa" por su parte.
Sin embargo, esta imagen de liderazgo detallista cambió cuando se reveló que su hermano había recibido una comisión por uno de los pedidos chinos. Ayuso admitió que un contrato de 1,5 millones de euros para mascarillas se otorgó a una empresa de un amigo, y que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, estuvo involucrado. Aunque en abril de 2020 se jactó de su gestión directa, ahora sostiene que desconocía la adjudicación y la participación de su hermano.
El primer avión de China aterrizó el 2 de abril, con Ayuso confinada en un hotel de lujo a precio reducido. La Comunidad de Madrid emitió un comunicado: "Es el primer avión de material sanitario gestionado por la presidenta". Esta declaración se repitió en futuras ocasiones. El 12 de abril, Ayuso faltó dos horas a una conferencia de presidentes para recibir otro avión chino. Las fotos de Ayuso con el cargamento de 113 toneladas se distribuyeron antes de que se uniera a la reunión, con una nota que decía: "Díaz Ayuso recibe una carga récord [...] gestionada directamente por la presidenta".
No era la primera vez que Ayuso se atribuía la gestión del material sanitario, ni sería la última. Con hospitales y residencias colapsados, ella se vanagloriaba de supervisar "directamente" las compras de su gobierno, contrastando su gestión con la del Ejecutivo central. Pero tras la implicación de su hermano en los contratos, Ayuso y la Comunidad de Madrid optaron por dar un volantazo de 180 grados a esta estrategia y distanciarse del asunto.
Las controversias del entorno de Ayuso
Por otra parte, las controversias que rodean a Ayuso se han intensificado con las recientes revelaciones sobre su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador. Ambos han sido objeto de escrutinio público y mediático, generando un torbellino de especulaciones y críticas que han impactado la imagen política de la presidenta madrileña.
Tomás Díaz Ayuso ha estado en el centro de la polémica tras las acusaciones de haber recibido una comisión de 280.000 euros por su intermediación en un contrato sanitario. A pesar de que la Fiscalía Europea archivó la causa por falta de pruebas, la sombra de la duda persiste. La ley prohíbe que haya intermediarios y comisiones en un contrato de emergencia, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de sus acciones y la posible influencia de su hermana en la adjudicación del contrato.
Por otro lado, Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, ha sido investigado por dos delitos de fraude y uno de falsedad documental. La Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación penal tras recibir una denuncia de Hacienda. Se le acusa de haber defraudado a Hacienda a través del Impuesto de Sociedades, utilizando facturas falsas y sociedades pantalla para desviar los beneficios obtenidos por las comisiones de la venta de mascarillas durante la pandemia.
La suma total de la cantidad defraudada ascendería a 350.951,41 euros, superando la cifra mínima para que exista delito fiscal. González Amador ha intentado minimizar el importe del Impuesto de Sociedades a través de facturas falsas por gastos ficticios, lo que ha llevado a una serie de investigaciones y comprobaciones que se prolongaron durante 18 meses.
Estas polémicas han generado un clima de desconfianza y han puesto en tela de juicio la transparencia y la ética de la administración de Ayuso. La presión pública ha aumentado, exigiendo respuestas y claridad sobre estas cuestiones que afectan directamente a la gestión de la crisis sanitaria y a la integridad de los procesos de contratación pública.
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