Han transcurrido casi ocho desde que el expresidente de Catlunya, Carles Puigdemont, se fugó de España, huyendo de la Justicia española después de convocar un referéndum considerado ilegal por las autoridades y declarar unilateralmente la independencia del territorio. Desde aquel entonces han tenido lugar varios acontecimiento destacables relacionados con el líder de Junts, pero sin duda el más relevante está fechado hace un año, el 8 de agosto de 2024, momento en el que retornó al país, se dio un baño de masas y volvió a esfumarse ante la mirada atónita de políticos, fuerzas del orden y la judicatura.
Aquel jueves caluroso de agosto de hace un año se celebraba la investidura del socialista Salvador Illa y Puigdemont se propuso boicotearla. El neoconvergente no consiguió acercarse a un Parlament blindado, pero sí celebró un mitin como si no estuviese en busca y captura en España. La Operación Jaula que habían montado Mossos d'Esquadra para detenerle había fracasado en primera instancia y, como después quedaría constatado, también lo haría a la hora de frenar la huida. Entre caretas con su rostro, gorros de paja y a la carrera, el expresident volvía a salirse con la suya.
Poco después se conocería que la segunda fuga de Puigdemont no había sido sencilla. Hasta tres cambios de piso, móviles sin conexión a internet y una larga espera protagonizaron el tercer acto de la gran obra, que concluyó con el mandatario de Junts de nuevo en su refugio de Waterloo (Bélgica). Las derechas judiciales, mediáticas y políticas apuntaban a los Mossos como colaboradores necesarios, aunque los tres únicos señalados ya han visto levantado su suspensión, a la espera de la resolución del juicio que les acusa de un delito contra la Administración Pública.
Puigdemont, a falta de saber con cuánta ayuda, burló los controles policiales establecidos a lo largo de toda la frontera, poniendo especial atención en los pasos a Francia. Jamás se acercó al Parlament, como había anunciado, y la maniobra despistó a las fuerzas de seguridad autonómicas. Policía Nacional y Mossos montaron un fuerte operativo para rodear el perímetro definido, en este caso los accesos y salidas de Barcelona, pero la jaula falló y con ella toda la operación, para ilusión del movimiento independentistas, cabreo de la derecha y resignación de la coalición de Gobierno.
A la espera del último acto: ¿el retorno?
Entre una fuga y otra, el acto central y gran golpe al tablero tuvo lugar el 30 de mayo de 2024. El Congreso de los Diputados aprobaba ese día la ley de Amnistía, que entraría en vigor el 11 de junio, después de levantar el veto impuesto por el Partido Popular (PP) en el Senado y aparecer publicada en Boletín Oficial del Estado (BOE). Puigdemont tuvo que aguardar durante años su momento, tras no ser su formación necesaria en la primera investidura de Pedro Sánchez, entre finales de 2019 y comienzos de 2020. Tres años después, unos nuevos comicios volvían a dar una posición relevante a Junts.
La derecha independentista catalana puso la Amnistía como condición sine qua non para apoyar un segundo mandato de Sánchez y desde entonces ha supeditado su supervivencia a que la norma avance. El tándem de PP y Vox ha intentado por todos los medios tumbarla, negándose incluso a renovar los órganos judiciales. Sin embargo, el pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional sentenciaba que la ley se encontraba avalada por la Carta Magna. Por su parte, desde el Tribunal Supremo, con Pablo Llarena como instructor, sigue negándose a aplicar la medida de gracia para el delito de malversación.
Puigdemont ha presentado ante el Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido un recurso de amparo para que se le aplique la amnistía negada por el Supremo, de la misma manera que han hecho otros inhabilitados al sufragio pasivo, como Oriol Junqueras o Jordi Turull. Asimismo, ha reclamado medidas cautelarísimas para que se levante su orden de detención, aún vigente. Sin embargo, la decisión más importante de los últimos años no llegará de ninguno de los dos altos tribunales españoles.
El último paso de la ley se dará más allá de las frontera nacionales, con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posibilidad de que esta vulnera el derecho de los Veintisiete en lo referido a malversación y terrorismo. Un grupo de 15 jueces deberán decidir sobre la situación, pero su sentencia no llegará hasta, como mínimo, entrado el otoño. La vuelta en liberad de Puigdemont y el futuro de otras personalidades aún castigadas por el proceso dependerá de esta decisión.
