El 30 de este mes, noviembre, termina el plazo que ha dado el Gobierno a los grandes defraudadores de Hacienda y evasores fiscales para regularizar sus cuentas, es decir, termina el plazo para acogerse a la amnistía fiscal.

Al 10%

La ley del PP permite a los defraudadores regularizar todo tipo de dinero y propiedades (obras de arte, inmuebles) sin hacer una solo pregunta y pagando solo el 10% de impuestos. El Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros con esta medida, cantidad de la que se está lejos. Por eso el Ministerio de Hacienda da charlas a asesores fiscales para que convenzan a sus clientes y afloren el dinero negro o lo que tengan en paraísos fiscales .

Ha aumentado el fraude

La realidad es que desde que gobierna el PP ha aumentado el fraude en España. Por dos razones. Una es la subida del IVA: cuanto más sube este impuesto más se generaliza la frase de "si quiere factura es un18% más". La segunda es la situación económica que provoca una huída de capitales, si bien es cierto que el grueso de los cientos de miles de millones de euros que han salido de España desde que gobierna el PP se debe en mayor medida a desinversiones de empresas y multinacionales. No se fían del camino que lleva el país y prefieren llevarse su inversión a lugares más seguros. Con el Gobierno de Rajoy se ha producido la mayor fuga de capitales de la historia de España, hecho del que ha informado oficialmente el Banco de España y que alarma seriamente en España. Pero sin duda es un elemento que influye. ¿Por qué van a traer los defraudadores el dinero que tienen cobijado en paraísos fiscales cuando todo el mundo está sacando la pasta?



El Gobierno no sabe cuánto dinero se evade


Los técnicos de Hacienda saben que ha aumentado el fraude fiscal, pero carecen de datos fiables para saber cuál es el volumen de la economía sumergida en España. Algunos economistas hablan de hasta 60.000 millones de euros al año, una cantidad astronómica que supone un cáncer para el desarrollo del país. Quienes no pagan impuestos luego exigen pensiones, buena sanidad y buena educación públicas, además de autopistas, aeropuertos o Aves. Baste un ejemplo: el segundo recortazo de Rajoy fue de 40.000 millones de euros.

Sin inspectores

Para combatir la economía sumergida harían falta leyes más duras y, sobre todo, inspectores que vigilaran su cumplimiento. El PP no cree en el sector público y ha demonizado la imagen de los funcionarios. Por supuesto, se han congelado las oposiciones y se ha despedido a empleados públicos que hagan cumplir la Ley. Eso sí, ha aprobado una Amnistía fiscal para los ricos, que son los que pueden evadir impuestos.