La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una advertencia al Ejecutivo central: si antes del 10 de mayo no se atiende su requerimiento para evaluar el coste que supondrá a las comunidades autónomas la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial, su gobierno interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Esta amenaza se produce tras la aprobación de una ley que, según Ayuso, supone un "nuevo intento de control del Poder Judicial".

En qué consiste esta ley

La Ley de Eficiencia Judicial fue aprobada en noviembre del año pasado con el respaldo del bloque de investidura, frente a la oposición de PP y Vox. Según fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta normativa culmina la "mayor modernización y transformación de la Justicia en décadas", acercando la Justicia "a las personas" y destacando su valor como servicio público. Sin embargo, los sectores más conservadores del Congreso no han perdido la oportunidad para criticar cada una de las medidas que establece esta nueva ley.

Eliminación de las Golden Visa y corrección de la Ley de Paridad

Una de las medidas más destacadas de la ley es la eliminación de las Golden Visa, visados de residencia para inversores. La propuesta del PSOE modifica la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores, derogando los artículos 64, 65, 66 y 67, que hacían alusión a estos visados. Esta modificación permite al Gobierno cumplir con uno de sus compromisos adquiridos: suprimir los visados y autorizaciones a cambio de la compra de inmuebles u otro tipo de inversiones en depósitos bancarios, acciones, deuda pública, fondos de inversión u otros proyectos de interés general.

La Ley de Eficiencia Judicial también corrige un error técnico en la Ley de Paridad, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que entró en vigor en agosto del año pasado. Este error desprotegía a los trabajadores que se acogen a permisos o adaptación de jornada por cuidados. La enmienda, fruto del consenso entre el grueso de los grupos parlamentarios, blinda un derecho laboral que había sido laminado por el error técnico en la tramitación del articulado de Igualdad.

Sólo sí es sí y Juzgados de Paz

La ley también introduce medidas para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas de violencias sexuales, en cumplimiento de la Ley de "Solo sí es sí". Se establece un plazo de nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer asuman competencias en violencia sexual. Además, se contempla la garantía de la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia sexual, tal y como establece la ley de garantía integral de la libertad sexual. También se cristaliza la especialización de los juzgados y jueces en violencia contra la infancia y la adolescencia.

Otro aspecto relevante de la ley es el mantenimiento de los Juzgados de Paz. En un principio, la ley contemplaba una reforma mediante la cual se crearían oficinas de Justicia en algunos municipios que sustituirían a los Juzgados de Paz. Sin embargo, el texto final mantiene esta figura intacta, fruto del entendimiento con las dos fuerzas independentistas catalanas, ERC y Junts, que se enrocaron en este punto como condición sine qua non para votar a favor de la eficiencia judicial.

Ayuso carga contra el Ejecutivo por la financiación

La presidenta madrileña ha criticado duramente la ley, afirmando que supone "un nuevo intento de control del Poder Judicial". En sus palabras, la ley está "disfrazada de palabras mágicas" y representa "un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes". Añadió que donde dice "eficiencia" se debería leer "control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva".

La Comunidad de Madrid presentó el 10 de abril un requerimiento formal al Gobierno para que evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dotara a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. Según explicó Ayuso, si no se atiende al requerimiento antes del 10 de mayo, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha compartido a través de su cuenta en la red social X su repuesta a la lideresa madrileña. Bolaños ha expuesto como la inversión necesaria para esta ley en 2025 es de 2,4 millones de euros. Sostiene también que los fondos trasferidos desde el ministerio a la autonomía de Ayuso han sido de unos 50 millones de euros y se esperan un ahorro similar en los próximos 10 años. “Esto son cuentas. Lo otro cuentos”, sentencia el ministro.

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