Abogados Cristianos no ceja en su empeño por evitar que España avance en materia de Memoria Democrática, honrando y resarciendo a las víctimas y retirando los símbolos de exaltación de la dictadura franquista que asoló el país durante 40 años. Más allá de denunciar cómicos, acosar a mujeres en puertas de centros médicos y verter su odio sobre el colectivo LGTBI, la asociación ultraderechista tiene especial debilidad por mantener inalterados los símbolos del franquismo, algo que no consiguió con el cuerpo descompuesto de Francisco Franco y que ahora intenta con la resignificación de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos.
La estrategia es la misma que en otros procedimientos: hostigamiento a la sociedad civil y atascamiento de la Justicia. Para conseguir su cometido de ralentizar cualquier actuación, pública o privada, que contravenga sus principios nacionalcatólicos requieren de un juez o jueza que de validez a sus insustanciales querellas, habitualmente desestimadas a posteriori y cuando el daño ya está hecho. Algo que no les suele costar mucho trabajo, quizá por la composición de la judicatura española o por casualidad, como quedó probado con la exhumación del dictador, paralizada temporalmente por el juez José Yusty, firmante del manifiesto en favor de Franco lanzado en febrero de este año.
Abogados Cristianos ataca ahora junto a un grupo de arquitectos el concurso internacional lanzado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para resignificar Cuelgamuros y que deje de ser un mausoleo franquista que exalta la barbarie de una dictadura que asesinó y persiguió a miles de personas. La intención de la cartera comandada por Isabel Rodríguez es “generar un cambio en la percepción colectiva del lugar mediante la capacidad de impacto cultural, artístico, tecnológico o social de las propuestas, dirigidas, principalmente, a la reactivación funcional y social del entorno”, algo que no gusta a la asociación ultra y sus lacayos.
Vivienda confirma a ElPlural.com que, en "una acción coordinada de un grupo de ultras que pretende boicotear el concurso", se han presentado hasta nueve recursos administrativos calcados para reclamar medidas cautelares consistentes en la suspensión del procedimiento, misma estrategia que siguieron los franquistas para evitar que el cadáver de su ídolo sobrevolara Madrid, como finalmente sucedió. “Se ha realizado de forma coordinada con el fin de perturbar el buen transcurso del procedimiento de contratación, siendo todos coincidentes en forma, contenido y fecha de presentación”, lamentan desde el Ministerio, que ha emitido los correspondientes informes para tumbar estos recursos.
No obstante, y pese al escaso fundamento de estos, uno de ellos ha sido aceptado. “Como consta en la propia resolución del Tribunal Administrativo, se ha estimado la adopción de las medidas cautelares solicitadas”, lamentan desde la cartera de Rodríguez, que aun así destacan que esto hecho no supone la paralización inmediata del procedimiento. La presentación de propuestas “continúa con normalidad” hasta la finalización del plazo, el 16 de junio, momento para el que Vivienda espera que ya este resuelto el recurso, aunque existe la posibilidad de que este sea otro caso en el que entre un juez y esta asociación paralizan un proceso deliberadamente.
La continuación del procedimiento más allá de la primera quincena de junio dependerá de la resolución definitiva de los recursos. “Ante los plazos habituales que maneja el Tribunal Administrativo, se estima en unas dos o tres semanas”, deslizan desde Vivienda, esperando que no se demore más. De cumplirse los plazos habituales, se mantendría sin problema la estimación de plazos prevista hasta el momento por el órgano de contratación y que, en todo caso, “adoptaría las medidas oportunas como consecuencia del sentido de la resolución”.
