Otra vez el juez Castro se vuelve diana de los ataques de aquellos que quieren salvar a la Infanta Cristina del banquillo. Juzgan las razones del juez, como si importaran, más que los propios indicios que apuntan a la responsabilidad de la hija del Rey en la trama Nóos, que es más que una “colaboración silenciosa”, según los datos que se han venido filtrando. La Razón llama al juez con ironía “el justiciero” y le acusa de imputar a la Infanta sólo “por ser quien es”, mientras ABC destaca que el auto judicial la procesa “en contra del fiscal y de Hacienda” y a base de “presunciones”.

La forma de evitar el banquillo a la Infanta
La Razón
ya da pistas en portada de que algo se cuece para seguir con ese presunto plan para proteger a la Infanta: “no iría a juicio si la Audiencia de Palma tumba el delito de blanqueo”. Junto a la imagen del juez, sobre una moto y con el casco puesto, el diario de Marhuenda juega a darle un matiz cómico: “El ‘justiciero pone punto y final 63.604 folios después”, es el titular.



Castro da pábulo a un chantaje
El editorial refuerza el ataque a Castro, ese “rico deporte de atizarle” que algunos practican, como ha descrito el periodista de El País José María Izquierdo en su comentario matutino en la SER. Dice La Razón: “Determinado a imputar como fuera a la Infanta Doña Cristina, el juez José Castro ha empleado casi cuatro largos años de premiosa instrucción, ha interrogado a más de 330 personas, ha librado decenas de oficios y ha radiografiado de forma exhaustiva los últimos diez ejercicios fiscales de la investigada”. Le recrimina haber “dado pábulo” al “chantaje” de Diego Torres, el socio de Urdangarin que con sus correos ha puesto ‘patas arriba’ a La Zarzuela, para, al final, según dice, exponer sólo “indicios de delito”.

El juez que gusta del aplauso de las hordas republicanas
El periódico de Marhuenda muestra a la Infanta como una víctima del juez, que pretende achacarle culpabilidad por “su participación accionarial” en la sociedad Aizoon, la empresa que se usó para desviar fondos públicos y a la que el matrimonio cargaba facturas personales para tributar menos a Hacienda.

En un artículo que recupera el titular de portada: “Punto final del ‘justiciero’”, se afirma que el juez disfruta “con agrado del aplauso de las hordas republicanas que se manifiestan en la puerta de su juzgado”.

Presunciones contra viento y marea
En ABC, se reprocha a Castro que procese a la Infanta “en contra del fiscal y de Hacienda”. Esto en portada, mientras en el editorial se recuerda que la hija del Rey Juan Carlos está “imputada, no condenada”. El diario monárquico pide que “el principio de igualdad ante la ley que recordó Don Juan Carlos en su mensaje de Navidad de 2011, no se convierta para la Duquesa de Palma en una presunción de culpabilidad”. ABC critica al juez basar sus “valoraciones” en “presunciones”, “mayoritariamente” y “a partir de indicios”.



La historia de un empecinamiento
En un artículo en las páginas interiores del diario se buscan las razones del juez para ‘ir contra la Infanta en lo que ha terminado siendo, según ABC, la “historia de un empecinamiento”. Todo tendría su origen en el ‘cabreo’ del magistrado cuando la Audiencia de Palma, “en contra de lo que espera, suspendiera la imputación de Doña Cristina”. El juez “pasó de rechazar la imputación a intentar sentarla en el banquillo con el viento a favor de la opinión pública”.

Isabel San Sebastián y el "apetito de notoriedad" de algunos jueces
Más sutil, Isabel San Sebastián afirma que la imputación de la Infanta demuestra, lo que ayer defendía como argumento único el PP, que “pese a quien pese, nadie es impune”. Y, “a partir de ahí –continúa- “hágase lo que corresponda en Justicia”, pero “evítese linchamientos y guillotinas”. Esto, en el final del artículo, tras cargar, en el inicio, contra ‘endemoniados’ jueces que sólo persiguen “satisfacer su apetito de notoriedad”, “ansiosos por alcanzar la gloria”. Entre estos cita a Elpidio Silva o Garzón y deja fuera, convenientemente, al juez Castro. Muy sutil.

El País dice que deberán haber consecuencias penales
Frente a los anteriores planteamientos, el editorialista de El País Joaquín Prieto recuerda que el juez Castro “es la persona predeterminada por la ley para llevar este caso, que es un caso estupendo para demostrar que ha funcionado la justicia". Prieto cree que habrá “consecuencias penales” porque “el posible delito fiscal y el blanqueo de capitales no son comportamientos honorables para personas de alto rango”.