El diputado y portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha dado al PSOE 48 horas para “dar muchas explicaciones” sobre el espionaje con Pegasus a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos. De lo contrario, tumbarán el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania, cuya votación tendrá lugar el próximo jueves.

Así lo ha aseverado en una tensa rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que ha censurado que “el único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa”. Rufián ha admitido que votar contra el real decreto “puede ser lesivo” para su formación, pero matiza que hay algo incluso más lesivo para la democracia: espiar a la disidencia política. “Lo más lesivo en democracia, y hablo como demócrata, porque estoy convencido de que hay mucha gente demócrata que se siente muy española que le parece que lo más lesivo es espiar a nadie simplemente porque no te gusta como piensa. En una democracia se le pincha el teléfono a la gente con un mandato judicial”, ha razonado. Tal es su enfado que, envalentonado, se ha aventurado a instar a los socialistas a "pactar con el PP del moderadísimo Alberto Núñez Feijóo, si son tan chulos"

A juicio de Rufián es insuficiente la puesta en marcha de la comisión de gastos reservados y secretos oficiales porque “sabemos cómo van”. “Es una comisión a puerta cerrada, y nos parece mal, porque ya que está todo esto [el Congreso] lleno de cámaras, estaría muy bien que hubiera. No las hay y no las habrá. Aún es más absurda porque, aquellos que participáramos, no podemos decir o hablar sobre nada de lo que ahí se nos ha dicho”, ha añadido.

En este punto ha aclarado -y lo ha repetido en hasta tres ocasiones- que “es falso que esa comisión [de secretos oficiales]  no se haya convocado por vetos cruzados. Es la versión del PSOE. No nos gusta que esté Vox en esta Cámara, pero está. Y tiene que estar en la comisión. Es mentira que ERC vete”.

Para facilitar la inclusión de ERC y Bildu en la comisión de secretos oficiales, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto rebajar las mayorías que se exigen de 210 votos a una mayoría simple (más síes que nos) para sortear el veto de PP, Vox y Ciudadanos a la izquierda abertzale y al independentismo catalán.

Con respecto a las informaciones publicadas este martes sobre que sí que habría una orden judicial que avalase la monitorización de los teléfonos, Rufián ha ironizado que “lo dicen aquellos que hace cinco días decían que no es espiaba”. “Ahora dicen que sí, que hay un juez que lo acepta. ¿Pero sabemos cómo? ¿Hay una autorización para espiar a 60 personas y sus familiares? Me chirría.

El dirigente independentista ha solicitado la dimisión de Margarita Robles porque es responsable "por acción o por omisión". De saberlo, la ministra de Defensa debería dimitir; y si lo desconocía, debe "muchas explicaciones", ha esgrimido. También ha cargado contra Unidas Podemos: “Hay grupos parlamentarios que siguen chantajeando y dicen ‘oye, mira sí, te espían, pero esto [el Plan de choque] es muy guay y la gente en la calle no te va a entender’. Oye, vete tú a la calle y dile a la gente que espías a la disidencia política”.

Rufián ha admitido en varias ocasiones que votar en contra del Plan Nacional “puede resultar lesivo para nosotros”, pero “callar frente a esto, justificar, venir a decir que es lo menos malo… Los siguientes pueden ser ellos. Todo el mundo sabe qué paso con Pablo Iglesias y compañía. Es de primero de demócratas. Si dejamos pasar esto…”.

Los socios se alzan

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, puso este lunes sobre la mesa tres fórmulas de investigación: una interna del propio CNI que revisará los protocolos, un informe elaborado por el Defensor del Pueblo y, la joya del paquete, la puesta en marcha de la comisión de secretos oficiales. Para ERC, así como para el resto de los socios parlamentarios habituales del Gobierno, es insuficiente y apuestan por una comisión de investigación pública.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha aquejado que el Gobierno intente “escurrir el bulto” negando en un principio el espionaje y escudándose en la ley de secretos oficiales para “evitar dar información”. La izquierda abertzale también insta a Moncloa a articular una comisión de investigación, al tiempo que ha alertado de que “es inaceptable” que no se actuase de oficio. Así las cosas, al igual que ERC, se están planteando el sentido del voto de cara al real decreto del jueves: “No está tomada la decisión. Vamos a esperar a ver qué pasos da el Gobierno. La situación es tan grave que lo cambia todo”.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha abundado en la imperiosa necesidad de poner en marcha la comisión de retos oficiales, sí, pero esto no puede ser óbice para evitar dar explicaciones de manera pública en una comisión de investigación: “El asunto es extremadamente grave”. Asimismo, ha advertido al Gobierno que “en tres meses la legislatura se ha tambaleado en tres ocasiones: con la reforma laboral, con el Sáhara Occidental y con Pegasus. La ratio no es nada buena, deben tomar nota y demostrar que tiene las prioridades claras”.

El diputado y portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados Joan Baldoví, también entiende que “las respuestas [de Moncloa] son vagas e insuficientes” y “no se corresponden con un Gobierno democrático y progresista”. En consecuencia, Compromis “apoya y apoyará cualquier iniciativa que se gana en en este Congreso”, como por ejemplo, la articulación de una comisión de investigación que arroje luz. Preguntado sobre la posibilidad de que se destripe información clasificada en público, el parlamentario valenciano ha razonado que lo único que “quiero saber” es “si se ha espiado a ciudadanos y si se ha cometido algún tipo de delito”. Porque “si no se esclarece” se estaría sentando la base de un peligroso precedente y la población exige “que se le diga que no se ha cometido ningún delito a la hora de investigar”.

A juicio de Baldoví, una comisión de investigación permitiría “llegar hasta el final” y dilucidar “si se ha espiado de manera ilegal a diputados y diputadas de este Congreso”. “Callar sería ser cómplice”, ha lamentado, haciendo referencia al “revelador silencio manso de PP y Vox”. “Si esto está pasando ahora con un Gobierno progresista, no me quiero imaginar si en el Gobierno estuviera un partido que en este mismo Congreso ha presentado iniciativas para ilegalizar a una parte de diputados elegidos democráticamente”, ha sentenciado al respecto.

Por su parte, Mireia Vehí, de la CUP, ha aquejado que el Ejecutivo “no está a la altura” y “que se investiguen a sí mismos los que investigan no nos vale”.