La fundación FAES ha acusado al Gobierno de dar "por bueno" que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es responsable del supuesto espionaje a dirigentes independentistas y de "alimentar" la "utilización política de este asunto por el secesionismo al asumir su escenificación indignada". A su juicio, al actuar así el Ejecutivo ofrece "una lamentable imagen de debilidad" y confirma "su tóxica dependencia" de sus socios, que han demostrado su "más descarnada deslealtad".

Así se recoge en un análisis de la fundación que dirige el expresidente José María Aznar bajo el título 'Legalidad y propaganda', en el que recuerda que la ley señala que el secretario de Estado director del CNI debe solicitar al magistrado del Tribunal Supremo competente "autorización" para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Con esta regulación, FAES critica que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se desplazara el domingo a Barcelona para reunirse con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, para hablar del llamado caso Pegasus. A su entender, la respuesta a ese viaje "no es otra que la de nuevamente pagar el tributo político que los independentistas de su coalición exigen para mantener a Pedro Sánchez en el poder".

"Solo que esta vez el independentismo cree haber hecho presa en un componente esencial de la seguridad del Estado como es el servicio de inteligencia, y reclama dictar las cabezas que tienen que rodar y hasta dónde tienen que llegar las investigaciones por el presunto espionaje mediante el software 'Pegasus'", resalta.

Foto ''ridícula'' y ''peligrosa''

FAES critica considera que "la imagen del ministro haciéndose perdonar por el independentismo" es "simplemente ridícula", pero subraya que ya conocen la "ilimitada capacidad" del Gobierno para producir el "deterioro institucional más profundo". "En las actuales circunstancias y dada la trayectoria de este Gobierno, esa imagen es, además de ridícula, extremadamente peligrosa porque subordina la estabilidad institucional y las exigencias elementales de defensa del Estado a los intereses estrictamente partidistas de preservación de una alianza política disfuncional y dañina para España", asegura.

En este sentido, FAES advierte de que el Gobierno "da por bueno que el CNI es responsable de escuchas y que estas necesitan una investigación interna, externa y parlamentaria, con desclasificación de documentos incluida". Es más, cree que "da por bueno, sin análisis forense alternativo que lo ratifique, que se han producido escuchas con 'Pegasus' y que se han dirigido a todo ese número de personas".

Según la fundación, las "concluyentes afirmaciones del Gobierno en defensa de la legalidad de las actuaciones del CNI quedan contradichas con esta estrategia de apaciguamiento de la impostada indignación secesionista". Y de este modo, prosigue, el CNI "queda situado en el centro de una turbulencia cuyo núcleo es político más que jurídico, y busca el aprovechamiento que los secesionistas puedan hacer con sus exigencias de esclarecimiento de lo ocurrido".

La entidad considera que no se puede poner en cuestión que "el proceso de sedición puesto en marcha por el independentismo catalán entra de lleno en las responsabilidades del CNI, según las detalla su ley reguladora". Y, según añade, "tampoco hay duda sobre la capacidad del CNI de pedir autorización judicial para la interceptación de las comunicaciones, con los límites subjetivos y temporales que la propia ley establece".

"Alimentar el secesionismo''

Sin embargo, recalca que el Gobierno de Pedro Sánchez "no hace sino alimentar la utilización política de este asunto por el secesionismo al asumir su escenificación indignada". "Al actuar así, el Gobierno ofrece una lamentable imagen de debilidad y confirma dramáticamente su tóxica dependencia de unos socios que han demostrado y siguen demostrando su más descarnada deslealtad", ha señalado.

Según FAES, que un partido como ERC, cuyo líder "se encuentra condenado en firme por sedición, pida que "rueden cabezas por estas acusaciones, entra en el más oscuro surrealismo". Y lo mismo cabe de decir de sus socios de Junts, según añade. A su entender, no pueden reclamar que se crean su "celo" por el Estado de Derecho que han "querido destruir".

"El Gobierno ha asegurado que se ha actuado siempre dentro de la legalidad. Y no hay por qué dudar de lo que dice. Pero si es así, lo que cabe exigirle es que mantenga esa posición en vez de dar alas con viajes de apagafuegos a la propaganda secesionista", concluye la fundación dirigida por Aznar.