El presunto espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus amenaza con devolver a la casilla de salida a las relaciones entre Gobierno y Govern. “La confianza es mínima porque no se puede confiar en quien todo apunta que te ha espiado”, ha asegurado este martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia junto al resto del Govern en la que ha advertido que el trato con el Ejecutivo central queda “afectado” y ha exigido “con la máxima celeridad una investigación interna con una supervisión independiente” para aclarar posibles responsabilidades.

Asimismo, Aragonès también ha instado al Gobierno a apoyar una comisión de investigación en el Congreso en aras de una mayor “trasparencia” y ha reclamado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un “cara a cara”. “Queremos saber quién nos ha espiado, quién ha dado permiso para que nos espiara y quién tenía conocimiento de que se nos espiaba, y que se depuren responsabilidades”, ha subrayado el dirigente catalán, que ha apuntado que hasta que esto no suceda, asuntos como la Mesa de Diálogo o la Comisión Bilateral quedarán congeladas.

“Un estado democrático no espía a la ciudadanía, no espía a movimientos democráticos, no escucha a adversarios de su Gobierno. No vulnera derechos de un movimiento irrenunciablemente pacífico, democrático y europeísta”, ha denunciado Aragonès, que ha comparado a España con Polonia y Hungría -el Parlamento Europeo está investigando a ambos países por presuntamente utilizar el programa Pegasus con fines políticos-.

“Nunca renunciaremos al proceso de negociación, pero ahora el Estado se tiene que comprometer y para que avance tiene que restaurar los mínimos de confianza”, ha sentenciado Aragonès, que ha tildado estas acciones como un “ataque flagrante a la democracia y a los derechos más básicos”.

El Gobierno evita pronunciarse alegando que es un asunto de “seguridad nacional”

Por su parte, horas antes de las palabras de Aragonès, el Gobierno evitaba acarar si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría usado presuntamente el sistema Pegasus para espiar a los líderes independentistas. En este sentido, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, alegaba que se trata de un asunto de "seguridad nacional": “Se trata de materias clasificadas y de asuntos secretos sobre los que no puedo darles cuenta porque me lo prohíbe la ley”.

Sin embargo, Rodríguez sí que precisaba que el Gobierno no interviene comunicaciones sin el amparo de la Ley, es decir, sin una decisión judicial motivada. “Aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley y del derecho y por tanto absoluta garantía con la que el Estado funciona”, subrayaba.

En este sentido, recordaba que ha habido procedimientos judiciales abiertos y que el Gobierno siempre ha colaborado con la Justicia. “Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada”, volvía a recalcar, al tiempo que insistía en que la información no es nueva y que "el Gobierno nada tiene que ver, ni tiene nada que ocultar"

Por último, la ministra portavoz anunciaba la comparecencia de su homóloga de Defensa, Margarita Robles, en el Parlamento para dar todas las explicaciones oportunas -de momento se desconoce la fecha de esa intervención-.