El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una reforma del Reglamento con la que se pretende regular y sancionar el comportamiento de los periodistas acreditados que, según sus promotores, entorpecen la labor parlamentaria y vulneran las normas de convivencia en la Cámara Baja. La iniciativa, respaldada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, busca introducir un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, además de nuevos criterios para renovar o revocar acreditaciones de prensa.
Según los impulsores del texto, la propuesta responde a las quejas de numerosos profesionales de la información que denuncian el comportamiento de ciertos comunicadores que actúan más como activistas que como periodistas. Se señala especialmente a perfiles como Bertrand Ndongo o Vito Quiles, que han protagonizado altercados o intervenciones polémicas en ruedas de prensa, y cuya presencia en el Congreso ha sido cuestionada por varios grupos parlamentarios.
Un nuevo marco de control para las acreditaciones
La reforma contempla la creación de un Consejo Consultivo con representación de los grupos políticos y del sector periodístico, que propondrá sanciones en casos de incumplimiento. También fija nuevas normas para garantizar el orden en los encuentros con la prensa, vetar grabaciones no autorizadas y dar más margen a los grupos para organizar sus comparecencias. La sanción podrá implicar la retirada temporal o definitiva de la credencial, e incluso afectar a todo un medio si no se identifica la autoría de una infracción grave.
Aunque el PSOE insiste en que no se trata de limitar el derecho a la información, sino de proteger la dignidad de la institución y el trabajo del resto de medios, PP, Vox y UPN han votado en contra, denunciando una “ley mordaza encubierta” y advirtiendo de un posible sesgo ideológico a la hora de aplicar estas sanciones.
¿Información o activismo?
¿Dónde está el límite entre el derecho a informar y el respeto al funcionamiento institucional? ¿Debe una Cámara parlamentaria tener potestad para vetar el acceso a ciertos perfiles mediáticos? ¿Estamos ante una medida de protección de la democracia o ante un riesgo para la libertad de prensa?
En este contexto, y con el debate ya abierto dentro y fuera del hemiciclo, planteamos una pregunta a nuestros lectores: ¿Estás de acuerdo con limitar el acceso al Congreso a agitadores como Bertrand Ndongo o Vito Quiles?
