Según la Constitución, España es un Estado aconfesional. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy financió la participación militar en más de 200 actos religiosos e institucionales celebrados en Semana Santa.

Dicha financiación alcanzó la cifra de 13.372 euros entre dietas, alojamientos, manutenciones y desplazamientos. Este dato hace tambalear la confesionalidad española; sobre todo, cuando se conoció el alto número de actos en los que participarían miembros de las Fuerzas Armadas y que la bandera nacional volvería a ondear a media asta desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua en todas las unidades, bases y acuartelamientos militares, de la misma manera que en la sede central del Ministerio de Defensa y las delegaciones territoriales.

Además, hasta cuatro miembros del Gobierno participaron en actos religiosos de Málaga y el Ejecutivo concedió cinco indultos a petición de las cofradías, que habría que sumar a los 74 de los últimos cinco años.

Tal y como informa Público, el Gobierno actual ha explicado el gasto que hizo el Ejecutivo del Partido Popular en una respuesta escrita en el Senado. La pregunta fue registrada el pasado mes de septiembre por Joan Comorera, Senador de Unidos Podemos-En Comú- En Marea. De los 13.723 euros de gasto total, 3.367,88 euros fueron destinados a la Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas, 8.935,62 para el Ejército de Tierra, 191,75 para el Ejército del Aire y 877 para la Armada.

Tras la respuesta del Gobierno, Comorera ha señalado que “la presencia de servidores público y efectivos de las Fuerzas Armadas en procesiones y actos religiosos compromete la neutralidad del Estado y es un dispendio de recursos público injustificable en el contexto de crisis y precariedad que vive nuestro país”.

Las cifras del mismo Ministerio de Defensa fueron las que establecieron la participación de voluntarios en los más de 200 actos durante la Semana Santa. El más significativo fue el desembarco de la Legión en Málaga, con motivo de la custodia del Cristo de la Buena Muerte. Un acto financiado con dinero público y transmitido en directo por Televisión Española contando con la asistencia de cuatro ministros: María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, Iñigo Méndez de Vigo y Rafael Catalá.

Habría que destacar y aclarar que la presencia de estos militares es voluntaria. Así lo recogió en 2010 la exministra de Defensa, Carmen Chacón, donde reconoció el derecho de los militares al ejercicio de su libertad religiosa pero el carácter voluntario de la asistencia y participación de estos. Sin embargo, dicho carácter voluntario no evitó la financiación de la presencia de servidores públicos en actos evidentemente religiosos, comprometiendo así la imparcialidad del Estado.