El Consejo de Ministros, reunido esta tarde de forma extraordinaria, ha acordado activar el arbitraje obligatorio en el conflicto laboral de El Prat y que impondrá las condiciones laborales tanto a la empresa como a los trabajadores de Eulen encargados de la seguridad en el aeropuerto.
El primer paso es la designación de un árbitro "independiente" y de "prestigio" que deben consensuar empresa y trabajadores, figura que debe elaborar una propuesta "vinculante" y de obligado cumplimiento entre las partes.
Según ha explicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en rueda de prensa posterior al Consejo, el Ejecutivo dará 24 horas a los trabajadores y la empresa para pactar un árbitro. Si no lo hacen, será el departamento de De la Serna el que lo haga en las 24 horas siguientes. La decisión sobre el conflicto, de obligatorio cumplimiento para empresa y trabajadores, se tendrá que tomar en 10 días “tras la designación del árbitro”.
El Gobierno criminaliza
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el laudo aprobado por el Gobierno para resolver el conflicto laboral en El Prat es "una forma de imposición" que no aborda "la explotación" a los trabajadores, a los que cree que el Ejecutivo "se ha empeñado en criminalizar". "¿Cuántos laudos ha habido y cuántos laudos piensa establecer el Gobierno en los conflictos que surjan? El problema es la explotación laboral", ha señalado Ábalos que, además, ha tildado de "autoritaria" la actuación del Ejecutivo.
Lo que hay que hacer y preguntarse es "cómo poner freno" a esta precarización, y por ello, el grupo socialista llevará al Congreso una serie de iniciativas y medidas para modificar el estatuto de los trabajadores y la normativa sobre subcontratas.Para Ábalos, el Gobierno, lejos de buscar una regulación, "se ha empeñado en criminalizar" a los trabajadores de Eulen, pues "parece que son responsables de que otros ciudadanos no puedan disfrutar de sus vacaciones".
