Hoy ya se admite de manera generalizada la existencia de una grave crisis institucional. La desconfianza de buena parte de la ciudadanía hacia las instituciones y los protagonistas del espacio público es una realidad constatable y creciente. Y tal desconfianza tiene mucho que ver con la falta de congruencia entre las preocupaciones de esa ciudadanía y las ocupaciones de quienes han sido llamados democráticamente para representarla y para liderarla.

De hecho, la mayor parte de los debates que protagonizan la vida política en España tienen poco que ver con aquello que demanda en mayor medida la ciudadanía. Predominan por igual los debates absurdos, inútiles y falaces. La derecha se empeña en colar el mantra de que la recuperación económica ha llegado, al tiempo que millones de españoles se ven sumidos en el paro de larga duración y el empobrecimiento progresivo. Los nacionalistas se obcecan en levantar banderas y fronteras, cuando sus nacionales necesitan más que nunca buenos trabajos y buenos servicios. Y el populismo se obsesiona con los votos que obtendrá del discurso feliz sobre la “casta”, mientras lo que pide la gente es empleo y dignidad.

Es cierto que los estudios de opinión están muy desprestigiados, pero si existe una conclusión común en todos ellos es la de que los españoles están preocupados por el paro en primer lugar, y por los políticos que no solucionan el problema del paro en segundo lugar.

La última encuesta de población activa (EPA IIIT14) refleja que tenemos 5.427.700 parados, 140.000 más que al inicio de esta legislatura, el 23,7%, una tasa insoportable y de las más altas de Europa. El número de ocupados que celebra el Gobierno, 17.504.000, cuenta con 650.000 personas menos de las que contabilizaba antes de la llegada de Rajoy, Montoro y Báñez al poder, es decir antes de lo que llaman “recuperación”. Y la previsión del gobierno es la de cerrar la legislatura con 400.000 ocupados menos que cuando comenzó. Las dos terceras partes es paro de larga duración y cerca de la mitad de este porcentaje corresponde a personas que llevan más de dos años buscando trabajo sin éxito. Entre los jóvenes, hay más parados que ocupados. Y el saldo migratorio vuelve a los años del “vente pa’ Alemania, Pepe”. Eso sí, ahora se explica como “turismo ocupacional” o “movilidad juvenil”.

El trabajo que se crea es cada vez más temporal y menos indefinido. En esta última EPA, de hecho, los contratos indefinidos caen en número de 26.300. Y crecen exponencialmente los contratos por tiempo parcial, “para acercarnos a Europa” dicen en el Gobierno. Pero no nos hacemos más “europeos” con estos contratos, sino más precarios y más pobres, porque los contratos son parciales, y los sueldos también, pero las jornadas suelen ser totalmente abusivas. Se cobra por cuatro horas y se trabajan ocho, o diez, o doce. De los dos millones y medio de trabajadores “a tiempo parcial”, millón y medio lo son con carácter involuntario, o sea que no se trata de estudiantes, madres-padres o jubilados en busca de un complemento, sino de personas que necesitan un trabajo completo, que buscan un trabajo completo, pero han de conformarse con lo que les ofrecen.

El nuevo PIB con prostitutas y narcotraficantes sube un poco, pero los salarios y las prestaciones bajan mucho. Los convenios colectivos que protegen las condiciones laborales han caído a la mitad desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP. Los salarios reales se han reducido en un 10% de media. Y conforme aumenta el número de parados sin prestación y de hogares sin ningún ingreso, el gobierno reduce el presupuesto destinado a la protección por desempleo: un 15% menos para el año 2015. En el año 2009 rondábamos la cobertura social para el 80% de los parados. En el 2011, justo antes de la “recuperación” estábamos en el 70%. Durante este verano hemos caído al 57%, cada vez con prestaciones y subsidios más reducidos. ¿A quién le extraña ya que UNICEF nos señale como el país en el que más crece la pobreza infantil?

Pues bien, en el debate público sobre presupuestos que acaba de tener lugar en nuestro país ha vuelto a reproducirse el teatro del absurdo: la derecha con su “recuperación”, los nacionalistas con su “patria”, y los populistas con su “casta”. ¿Nos extrañamos de que los ciudadanos desconfíen de las instituciones?

Sonará ventajista, pero en realidad el único referente político que en estos días ha propuesto medidas que importan a la gente ha sido el secretario general del PSOE. Ni recuperaciones ficticias, ni banderas de colores, ni demagogia “castista”. Primero, un rescate de la deuda de las familias hipotecadas y de autónomos entrampados. Segundo, un pacto para salvar de la pobreza a niños y niñas en riesgo. Tercero, un impulso a la reindustrialización que proporcione buenos empleos. Y cuarto, aumento de dotación para políticas activas de empleo, renta garantizada para parados de larga duración con cargas familiares, subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio, ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, y límites para los salarios de directivos y consejeros de empresas. Este es el debate real.

Rafael Simancas es diputado,  portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Fomento y vocal de las Comisiones de Cultura y Presupuestos en el Congreso
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