La comisión de las mascarillas en el Congreso echa humo desde este pasado martes. Los grupos del bloque de la investidura convalidaron la lista de comparecientes y las solicitudes de información, que ponen en el ojo del huracán a la Comunidad de Madrid. Concretamente a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la que interrogarán por los trabajos de su pareja y las comisiones de su hermano, mientras requieren toda la documentación en poder del Ejecutivo regional relacionada con su reclamación en el marco de la primera Conferencia de Presidentes y que se orientaba a la liquidación de las tasas en las aduanas y a la reducción de los controles para los aviones que aterrizaban en España con material sanitario.
Cabe señalar que, si bien la primera pata sobre la que se asienta una comisión es la comparecencia, la solicitud de documentación es su “segundo gran instrumento de trabajo". La citación parlamentaria es de “obligado” cumplimiento para “españoles y extranjeros residentes en España”. Así figura en el Reglamento del Congreso, sujeto a la Ley Orgánica 5/1984 del 24 de mayo en el primer epígrafe de su artículo 1. Obligatoriedad que también atañe a facilitar la información requerida. En virtud del Real Decreto Ley 5/1994 del 29 de abril y con arreglo al Reglamento de la Cámara, es imperativo remitir la documentación al Congreso de los Diputados -en este caso-, con la excepción de supuestos que transgredan la Seguridad nacional y otras excepciones como situaciones procesales bajo el imperio del secreto de sumario.
Aclaración mediante, la Comisión reclama toda la documentación relativa al contrato de emergencia suscrito por Priviet Sportive, S.L. por valor de 1.512.000 millones de euros. Además, solicitan informes del “transporte de mercancías y documentación aduanera correspondiente al valor de la importación (Guía aérea o Air Waybill, Complemento Carta Porte, Manifiesto Aéreo, Contrato chárterHouse AirWaybill, DUA, DV-1, facturas y albaranes indicando valor unitario y valor total (del suministro contratado)".
Reclamaciones aduaneras
El 29 de marzo de 2020 tuvo lugar la primera Conferencia de Presidentes, marco que la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó para exponer sus reclamaciones en una época poco habitual como lo eran aquellos primeros días de pandemia. Ayuso intervino en el cónclave de jefes autonómicos para hacer hincapié en que no era lógico que los aeropuertos cobrasen tasas a los aviones que aterrizaban con material sanitario como mascarillas u otros equipos de protección. Reivindicación que acabó atendiendo AENA cuatro días después. El 2 de abril, acordó hacerse cargo de estos costes.
La Comunidad de Madrid, de hecho, informó de este cambio que la presidenta se arrogó como un hito personal. Lo hizo a través de una nota de prensa que titularon de la siguiente manera: “Díaz Ayuso consigue que los aviones con material sanitario queden exentos de las tasas de aterrizaje y tránsito aéreo”. Redacción triunfalista para sostener la narrativa que empujaba a la lideresa madrileña a altas cotas de aceptación a título regional.
Pero no fue la única reivindicación que Ayuso extendió en los primeros compases de la pandemia del coronavirus. La siguiente, también relacionada con la aeronáutica, se orientaba a aquellos aviones que llegaban a Madrid procedentes de China. La jefa del Ejecutivo regional insistió hasta la saciedad en solicitar garantías para que los vuelos con cargamento de protección contra la Covid-19 aterrizaran tierras madrileñas en tiempo y forma. De los primeros episodios en su confrontación constante con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Señaló al Gobierno por los exhaustivos controles aduaneros, mientras Moncloa defendía que es el procedimiento habitual ante sospechas de irregularidades en abusos de precios o tráfico ilícito.
He aquí donde aparece la segunda ‘X’ de la ecuación: Tomás Díaz Ayuso. El Gobierno madrileño adjudicó un contrato para la compra de “material de protección y mascarillas” para el Pabellón 10 de IFEMA por valor de 1.512.000 euros con la empresa Priviet Sportive, S.L., propiedad de Daniel Alcázar, quien a su vez es amigo íntimo de la familia Ayuso. De esta operación, el hermano de la presidenta regional obtuvo una comisión de 280.000 euros, coincidiendo además en tiempo con las exigencias de Ayuso para limitar el control aduanero y las tasas de aterrizaje.
Un familiar piloto
Ayuso guarda una estrecha relación con compañías de electromedicina, como Sismédica S.L.; una sociedad que comparten los hermanos al 50% y que se dedica al sector inmobiliario. No obstante, esta empresa también ha orientado su actividad empresarial hacia la compraventa, importación y exportación de productos de electromedicina, así como otros productos de carácter científico, tal y como pudo comprobar ElPlural.com. De ahí se desprende que tanto la jefa del Ejecutivo regional como su entorno tuvieran conocimiento de las interioridades del tráfico aéreo.
No es la única. Ayuso Lahoz S.L. tiene su sede en la vivienda de la que Ayuso figura como única propietaria. Su objeto social, según ha podido comprobar este periódico, es el “comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipo médico”. Esta empresa, sita en Chamberí -uno de los barrios más exclusivos de la capital-, está bajo la tutela de un familiar directo de la baronesa popular y que, debido a su experiencia como piloto, tiene amplios conocimientos en materia de exportación e importación, así como del funcionamiento aduanero en aeropuertos.
El inmueble en cuestión fue una donación de sus padres en el momento en el que una de las empresas familiares de los Díaz Ayuso, MC Infortécnica S.L., se veía incapaz de afrontar las deudas contraídas con la entidad semipública Avalmadrid. Una “nuda propiedad” de la que, por definición, no puede hacer uso. En Génova 13, fruto de la investigación interna abierta por Pablo Casado y la anterior cúpula conservadora, siempre sospecharon que, en aquellos días de pandemia, “su conocimiento de esta materia pudo ser vital para asesorar a su hermano y así fletar las mascarillas por las que obtendría la comisión”. “El tío piloto y el hermano comisionista”, concluyeron entonces en el PP.
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