Luz verde al nombramiento de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El Congreso de los Diputados, en pleno, ha otorgado 232 apoyos -veintidós más de los necesarios- al nuevo integrante del órgano constitucional pendiente de renovación exigido como condición sine qua non por Teodoro García Egea, secretario del PP, en las negociaciones con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Sin embargo, las sombras que persiguen al recientemente electo magistrado han acabado provocando un cisma en los partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que, pese a conjurarse para evitar la ruptura de sus dirigentes en la disciplina de voto, han visto varios de sus diputados se apartaban de la línea marcada y hacían públicas las dudas internas a través de la votación secreta del letrado.

Arnaldo ha sido el magistrado al Tribunal Constitucional que menos apoyos ha recibido -232-, seguido de la otra letrada propuesta por los populares, Concepción Espejel, con 237. Las dos propuestas del PSOE, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, han sido capaces de reunir 240 votos de los 249 presentes en la Cámara Baja. Otra imagen icónica es la de la cantidad de partidos que han decidido ausentarse de la votación, bien por pudor por el ‘caso Arnaldo’ o bien por el “pasteleo” que denuncian en el reparto de sillones y en las reuniones de los dos grupos mayoritarios en el Congreso: ERC, Bildu, Junts, PdeCAT, la CUP, el BNG, Más País, Vox y Ciudadanos han decidido ausentarse y no participar de este nuevo "Juan Palomo de PP y PSOE".

Este mismo jueves, a pesar de que todos los grupos implicados asumían el voto y anticipaban que no habría problema para que la totalidad de los nombramientos acordados saliera adelante, la gran pregunta era cuántos diputados serían díscolos e irían en contra del mandato de su propio partido. El único que ha despejado el interrogante ha sido el dirigente socialista Odón Elorza, quien, a través de un mensaje en su perfil de Twitter, anticipaba que el trágala de Arnaldo era un coste demasiado elevado: “Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que no he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso”, ha explicado. Poco después también se conocía que el otrora secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha votado en blanco "por error", tal y como han confirmado fuentes socialistas a ElPlural.com.

También se especulaba sobre la posibilidad de que dos diputadas de Unidas Podemos, Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, y la canaria Meri Pita, portavoz de Política Territorial, siguieran el mismo camino. Suposiciones que se veían acentuadas por el tuit que decidía hacer público Elizo a primera hora de la mañana: “Llámalo teoría del caos o simple ingenuidad, pero yo sigo creyendo que bastan pequeños gestos de coherencia, aislados actos de dignidad, para provocar grandes cambios, señalar que la democracia es posible y mostrar que el mundo puede ser mejor…”. De hecho, ambas dirigentes moradas, escribían recientemente un artículo que “el precio a pagar” era “sencillamente inasumible”.

Desde Unidas Podemos han negado que vayan a investigar qué dirigentes han optado por oponerse al nombramiento de Enrique Arnaldo, asegurando que defienden la votación secreto y no abrirán ningún proceso paralelo ni expediente alguno. Sin embargo, el PSOE sí ha anunciado que estudiará el caso de Elorza y que en próximos días decidirá si le multa.

Los motivos de la discordia

Los motivos son varios y no han dejado de engordar desde que hace un mes Moncloa y el PP aplaudiesen el entendimiento advirtiendo que nombrarían a integrantes “de reconocido prestigio y consenso”. Finalmente, ni el prestigio ni el consenso han quedado tan acreditados, máxime después de conocer estas últimas semanas algunas de las manchas en el currículum del magistrado en discordia.

En los últimos días ha salido a la luz que el implicado sobre el que se ciernen las miradas incumplió el Estatuto del Congreso, en su punto 62.K, al ejercer de letrado y asesorar a gobiernos del PP, que cobró al mismo tiempo de una universidad pública y de otra privada (algo ilegal), que es asiduo en cursos de FAES,  que estuvo imputado en el Caso Palma Arena, que ha cobrado el montante de cerca de un millón de euros de administraciones del PP o que en su hemeroteca acumula cientos de artículos sobre temas tan delicados como el aborto o la Memoria Histórica que retratan su falta de imparcialidad de forma meridiana.

La izquierda nacionalista sale del Congreso

Antes de que arrancase la votación de los magistrados, y tras anunciarlo a la prensa a primera hora de la mañana, la izquierda nacionalista salía en bloque al patio del Congreso en señal de repulsa a lo que estaba ocurriendo en el interior del hemiciclo. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha sido una de las más tajantes: "Hemos decidido plantarnos ante esta estafa del bipartidismo. Ha sido una ceremonia del chalaneo, un reparto de cromos sin ningún escrúpulo, vergüenza ni disimulo".

"La hoja de méritos de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel está ligada a los casos de corrupción del PP y a una persecución continua contra el independentismo vasco", ha añadido, calificando lo ocurrido como "la demostración palpable del escaso nivel democrático del poder judicial español, que tumba mayorías parlamentarias de parlamentos soberanos". "La pregunta ahora es si habrá un Espejel y un Arnaldo en el próximo CGPJ", sentenciaba. 

En la misma línea se ha mostrado Gabriel Rufián, líder en el Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha explicado que no le sorprende "este nuevo Juan Palomo entre PSOE y PP": " "Entendemos que en una coalición de gobierno a veces hay que tragarse algún sapo, pero éste clama al cielo. De vez en cuando hay que plantarse por dignidad y decencia", ha sentenciado el diputado soberanista.

Todos los apalabrados por PP y PSOE, respaldados

Al margen del ‘caso’ Arnaldo, la totalidad de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos también han costado con el visto bueno del Congreso y el Senado y han sido así electos para sus nuevas designaciones.

Para el TC se presentaban también, auspiciadas por el Gobierno, las candidaturas de Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y propuesta por el PSOE, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional y promovido desde Unidas Podemos, que han obtenido 240 votos en ambos casos.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, se han contabilizado 249 votos con el siguiente resultado: 239 apoyos han obtenido las ya miembros del fiscalizador Enriqueta Chicano Jávega y Dolores Genero; Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; Diego Íñiguez, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo; y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Un voto menos ha cosechado José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil.

La renovación del Tribunal de Cuentas se completará en el Senado, que debe votar a los otros seis candidatos pactados por el Gobierno y el PP, que ya recibieron este miércoles el aval de la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta.