La renovación de órganos constitucionales apalabrada por PP y PSOE trajo consigo el aplauso compartido de los agentes implicados, el Gobierno en su conjunto y el partido líder de la oposición. Fin a los años de anomalía democrática y vuelta al imperio de la ley en las instituciones cuyas designaciones tienen un calendario fijado en la Carta Magna, a excepción del CGPJ -aún pendiente de desbloqueo-. Casi un mes después del anuncio realizado por La Moncloa, en el que se aseguraba que los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos serían “de reconocido prestigio y de consenso”, hay un nombre especialmente cuestionado y que amenaza con romper con la disciplina de voto de los partidos que conforman la coalición de Gobierno: Enrique Arnaldo.
La revelación de las manchas en el currículum de Arnaldo, candidato a entrar en el Tribunal Constitucional por petición expresa del PP, no ha cesado desde que se conociera que su designación fue condición sine qua non del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, en sus negociaciones con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. En estas semanas ha salido a la luz que el implicado sobre el que se ciernen las miradas incumplió el Estatuto del Congreso, en su punto 62.K, al ejercer de letrado y asesorar a gobiernos del PP, que cobró al mismo tiempo de una universidad pública y de otra privada (algo ilegal), que es asiduo en cursos de FAES, que estuvo imputado en el Caso Palma Arena, que ha cobrado el montante de cerca de un millón de euros de administraciones del PP o que en su hemeroteca acumula cientos de artículos sobre temas tan delicados como el aborto o la Memoria Histórica que retratan su falta de imparcialidad de forma meridiana.
Arnaldo, como el resto de los integrantes de los renovados órganos institucionales, contará previsiblemente con el voto favorable de, al menos, 210 diputados, que es la cifra que necesita para que su designación no sea recusada por el parlamento. PSOE, PP y Unidas Podemos han mostrado que apoyarán los nombres apalabrados, aunque no han escondido su disconformidad.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles durante su intervención en la Cámara Baja que hay algún nombre propuesto por el PP que no le gusta -en clara referencia a Arnaldo-: “A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el PP para el Tribunal Constitucional, pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales y permitir que se desbloqueen”, ha expresado.
Así, el líder del Ejecutivo aplaudía la responsabilidad de sus socios de Gobierno, que también han tenido palabras desfavorables hacia el nombramiento del previsiblemente próximo Magistrado del Tribunal Constitucional: “Votaremos con una pinza en la nariz”, ha expresado este miércoles el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. El dirigente morado ha añadido que, pese a ser conocedores de que no cumple con la imparcialidad que se le presupone a un magistrado –“tiene vínculos más fuertes con el PP que Concha Espejel”- y añadir que arrastra una trayectoria plagada de “mala praxis y corrupción”, el deber del partido es cumplir con lo acordado, hacer de tripas corazón y cumplir con la altura de Estado que se les presupone como partido miembro del Gobierno: “A nadie de nosotros nos gusta nada, nos deja muy mal cuerpo y nos genera contradicciones, pero la política es eso, saber cuándo tienes responsabilidades de Gobierno”.
El resto de la izquierda, avergonzada
Mientras dentro de las filas socialistas y de Unidas Podemos se espera que no haya voces díscolas que vayan en contra de la disciplina de voto, el resto de la izquierda parlamentaria afea la actitud de la coalición por ceder al chantaje popular: “No entendemos los votos que avergüenzan”, ha explicado Íñigo Errejón, líder de Más País en el Congreso. Su socio en Compromís, Joan Baldoví, ha proseguido en la misma línea argumental añadiendo que hablamos de una “profunda irresponsabilidad”: “La única responsabilidad posible es votar con la conciencia y me parece que la responsabilidad estará con aquéllos que no votemos un nombramiento absolutamente infumable”, ha concluido.
Uno de los más duros ha sido el líder de ERC, Gabriel Rufián, quien, como sus homólogos previamente mencionados, ha tachado de “cobarde” la actitud de PSOE y Unidas Podemos y ha aplaudido la valentía del diputado socialista Odón Elorza, quien ya puso en duda la idoneidad del nombramiento de Arnaldo: “Seguro que se arrepentirán”, ha advertido.
'No' de Ciudadanos y Vox a Gabilondo
Otro caso peliagudo se produce con la figura de Ángel Gabilondo. El otrora candidato por el PSOE a presidir la Asamblea de Madrid se convertirá en el Defensor del Pueblo con los votos de prácticamente toda la Cámara Baja. Solo Ciudadanos y Vox votaron en contra en la comisión mixta Congreso-Senado en la que, en cambio, sí contó con el apoyo del Partido Popular pese a que esto suponga una especie de traición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La líder madrileña expresó su rechazo a Gabilondo en una entrevista concedida a EsRadio en plena campaña electoral: "Este señor, que ni quería ser candidato, que ya estaba recogiendo sus cosas para irse a ser Defensor del Pueblo, ahora está atacando a Madrid con falsedades. Cuando pierda las elecciones, de ahí se va a su casa. Si de mí depende, no va a ser Defensor del Pueblo".
¿Quiénes son el resto de aspirantes?
Para el TC se presentan también, auspiciadas por el PSOE, las candidaturas de Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
Los aspirantes a integrar el Tribunal de Cuentas que votará el Congreso (el Senado tiene que elegir a otros seis) son las ya miembros del fiscalizador Enriqueta Chicano Jávega y Dolores Genero; Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; Diego íñiguez, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo; José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.
