Amanece un nuevo día y aparece un nuevo escándalo de Enrique Arnaldo, uno de los dos polémicos juristas que ha elegido el Partido Popular para renovar el Tribunal Constitucional dentro de su pacto con el PSOE para actualizar las instituciones caducadas -a excepción del Consejo General del Poder Judicial-. Aunque su compañera de tándem, Concepción Espejel, también es fruto de controversia (fue recusada de juzgar las piezas Gürtel en la Audiencia Nacional), es Arnaldo quien suma más escándalos. El último, de este viernes, la ilegalidad de haber cobrado a la vez de la Universidad pública y de la privada. Pese a todo, el Partido Popular mantiene su apuesta, aunque se niega a defender ahora su idoneidad, mientras que el PSOE también se lava las manos y se limita a insistir en que “nos hubiera gustado otro candidato”.
Enrique Arnaldo sigue su carrera ascendente de escándalos. Tras conocerse su imputación, luego retirada, en el caso Palma Arena, sus decenas de colaboraciones con la FAES de José María Aznar y el casi millón de euros cobrado de administraciones controladas por el PP, lo último lo desvelaba este viernes El Confidencial: el catedrático de Derecho Constitucional mantuvo su plaza de profesor en la Universidad Rey Juan Carlos al tiempo que cobraba del centro privado Cardenal Cisneros. Una situación irregular que mantuvo en el curso 2014-2015.
La ley no permitía esa dualidad desde 2007, al prohibir que un funcionario docente de un centro público impartiese clase a su vez en uno privado. Pero Arnaldo dio clase ese año en ocho titulaciones de grado y en un curso de máster, mientras era profesor de Derecho Constitucional II en el Grado de Derecho del Cardenal Cisneros, el mismo centro donde Pablo Casado consiguió su polémico título de Derecho, tras aprobar la mitad de la carrera en cuatro meses.
Desde el Partido Popular no tiran la toalla con la elección de uno de sus dos candidatos, que entre otros vínculos fue el abogado defensor de Enrique López, consejero de Justicia de Ayuso y responsable de Justicia en la dirección de Génova, cuando fue pillado al volante triplicando la tasa de alcoholemia, por lo que tuvo que dimitir como miembro del Tribunal Constitucional.
Precisamente, ese es el cargo para el que el PP ha elegido, junto a Espejel, a Enrique Arnaldo. Fuentes del partido que lidera Pablo Casado consultadas por ElPlural.com rechazan salir en defensa del jurista porque no ejercen de “portavoces de Arnaldo”. Pero sí que recuerdan que la elección depende también de los socialistas, en un tanto monta, monta tanto, y subrayan que “en cualquier caso, el PSOE lo ha votado también”.
El PSOE se desvincula
El PSOE también sufre a la hora de despejar el balón que le pasa el PP. Fuentes parlamentarias del Grupo Socialista consultadas por este periódico admiten que “nos hubiera gustado otro candidato”, pero “priorizamos la renovación de los órganos constitucionales y el cumplimiento de la Constitución”. Así las cosas, culpan al PP de que un perfil con el historial de Arnaldo cope un puesto en las más altas instancias judiciales: “Es responsabilidad del PP. Nosotros hubiéramos preferido otra persona más independiente, pero es el candidato del PP. Si en algún momento estalla un caso, será su responsabilidad”.
Preguntadas las mismas fuentes sobre la posibilidad de que los socialistas impugnen su nombramiento faltando a lo acordado y votando en contra, aseguran que no ha lugar. “Somos un partido de Estado y tenemos un acuerdo para renovar los órganos constitucionales”. La dirección del Grupo Socialista no teme que algunos de sus parlamentarios puedan revelarse en las votaciones, pues son perfectamente conscientes de que la prioridad es renovar los órganos de mandato caducado, esgrimiendo que “Arnaldo no fue nuestra elección y somos seremos muy críticos”.
