Un año y siete meses de cárcel ha sido la condena que el juez le ha impuesto a un capitán auditor de la Guardia Civil por enviar cartas a nombre de un golpista involucrado en el 23-F a diputados como Cayo Lara o Alberto Garzón. En los escritos, amenazaba con un ataque en forma de golpe de Estado por el auge de Podemos.

Por esto, al hombre se le acusa de un delito de falsificación de documentos privados al copiar la firma del coronel Vicente Javier Carricondo, al que también tendrá que indemnizar con mil euros, según informa Cadena Ser.

El acusado era capitán del cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa y en 2015, cuando envió las cartas, estaba destinado en Santa Cruz de Tenerife. Las misivas se enviaban con fecha de 23 de febrero, cuando se realizó el fallido golpe de Estado en 1981, y firmadas por uno de los condenados.

En la sentencia afirman que ambos guardias civiles habían tenido diferencias por un expediente disciplinario y copió la firma de Carricondo, quien por aquel entonces era jefe interino del Servicio de Gestión Económica.

Se le acusa de enviar cuatro correspondencias, dos al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, otra a Alberto Garzón, quien era diputado por Izquierda Unida, y la última a Cayo Lara, entonces diputado y coordinador federal de la formación.

En todas habla de su inquietud por el apogeo en el que estaba Podemos en esos años, y decía ver oportuno frenar su ascenso con las armas, no descartando “llevar a efecto mi primer deber como soldado, tal cual es reconducir “manu militari” la dirección del actual gobierno de España que se ha revelado desde todo punto de vista inepto e incapaz de hacer frente al momento histórico por el que pasa la Patria”, le escribió al exministro.

Por su parte, se dirigía a los parlamentarios de Izquierda Unida, argumentando que “si llega al poder se desatará la noche más negra sobre la España que queremos y tanto hemos defendido”, añadiendo que “no dudaré en echar mano de todos los medios incluyendo las armas para impedir que los que como usted quieran alzarse con la victoria en mi país”.

La Audiencia Provincial de Madrid, siendo el magistrado Valentín Javier Sanz el juez del caso, le ha condenado finalmente a un año y siete meses de cárcel por un delito de falsificación de documentos privados, pero no se le condena por revelación de secretos ni por usurpación del estado civil. Además, tendrá que pagar una indemnización de mil euros al coronel Carricondo.

En la sentencia afirma haber copiado la firma en un expediente de contratación pública, y que este conflicto comenzó por un expediente disciplinario abierto contra el ahora condenado. Fuentes han informado al medio citado que el acusado ya ha recurrido la resolución ante el Tribunal Supremo y espera una sentencia firme.