El novio de Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el tiempo de descuento para intentar evitar el juicio y, con él, la posibilidad de ser condenado a prisión por sus presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental.
Alberto González Amador trata “in extremis” y a la desesperada esquivar el banquillo, para lo cual presentaba esta semana un nuevo informe pericial con varias cuestiones que pudieran servirle de defensa. Algunos de los puntos que contempla el texto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, resultan llamativos.
En el documento aparecen varios nombres propios, como el del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que la pareja de la lideresa regional acusa de vulnerar la presunción de inocencia por llamarle “defraudador confeso”.
El Tribunal Supremo terminó dando la razón a quienes emplearon este concepto basándose en que el propio abogado del empresario reconoció que su cliente había cometido estos delitos cuando intentó alcanzar un acuerdo con la Hacienda Pública. Asimismo, el Tribunal entendió la motivación política y mediática a la hora de hablar del novio de la política ‘popular’, por lo que le quitó la razón cuando éste señalaba estar sufriendo un “linchamiento”.
En el último informe pericial, la defensa apunta que “partiendo de la ya conocida tenencia del PSOE -partido personado en estas diligencias- de las ya anteriores comunicaciones , antes de su publicación por los medios de comunicación, basten en relación a la lesión de la presunción de inocencia vinculada a esa revelación de las palabras del Ministro de Presidencia, Justicia”.
Bolaños fue muy claro y se limitó a las informaciones periodísticas en las que, atendiendo al intercambio de mensajes entre las partes, González Amador reconocía haber cometido dos delitos contra la Agencia Tributaria. El miembro de Moncloa se limitó a emplazar que “fue el abogado de la pareja de la señora Ayuso quien dijo, exactamente, que ciertamente se ha cometido, el señor González Amador, dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Y remachaba: “Literalmente dijo ‘Ciertamente ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Por tanto, ¿cómo quiere que le llamemos a una persona que ha cometido dos delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso”.
Se querelló contra el ministro
Considera el empresario que esas palabras de Bolaños pudieron sentar precedente sobre parte de la investigación que se siguió desarrollando después, que los socialistas disponían de información y que el responsable de Presidencia faltó a la presunción de inocencia, si bien tanto la Justicia como previamente la propia defensa del novio de la presidenta dieron la razón no solo a Bolaños, sino a quienes en todo este tiempo han puesto pie en pared contra los negocios presuntamente fraudulentos del empresario.
Fue en octubre del año pasado cuando el jefe del departamento pronunciaba las palabras que destacan en este artículo después de que González Amador le llamara a él y al propio Pedro Sánchez a un acto de conciliación previo a una querella por injurias y calumnias.
El empresario pidió a ambos -aunque iría sumando más nombres a una enorme lista de personalidades mediáticas y políticas, en su mayoría de izquierdas- que se retractaran de lo dicho al considerar que suponían una infracción “de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.
El presidente español y el ministro añadieron que González Amador “había propagado un bulo en relación al comportamiento del Ministerio Fiscal” y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; o, en su defecto, que había pagado un piso -respecto del ático de lujo de Chamberí- a base de “dinero defraudado el fisco”.
El novio de Ayuso presentó varias solicitudes de conciliación con las que buscaba que el presidente del Gobierno se comprometa a "no verter públicamente en el futuro manifestaciones de contenido análogas y, especialmente, falsas, difamatorias, vejatorias" contra su persona, así como ser indemnizado por parte del responsable del Ejecutivo con 100.000 euros y por Bolaños con otros 50.000. Las cantidades quedaron desestimadas.
Diligencias para "materializar su derecho de defensa"
El presente recurso, con el que la pareja de la administradora de Sol pretende evitar la condena, indica que la jueza no ha tenido en cuenta diligencias que considera fundamentales para “materializar su derecho de defensa”.
Entre las cosas que pide ahora se encuentra la declaración de dos de los empresarios que intentaron hacer negocio con la persona acusada en Costa de Marfil o que el perito pueda ratificar su informe en sede judicial de forma conjunta con el de la Agencia Tributaria.
