La comunicación interna de las familias que componen Unidas Podemos ha mutado en una suerte de teléfono escacharrado donde por h o por b la información no fluye como debiera. Desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumiera el encargo de Pablo Iglesias y lo interpretara a su modo para concebir Sumar, el ambiente está tan enrarecido que incluso dirigentes admiten que omiten información para evitar filtraciones. Fallas comunicativas internas que denotan falta de confianza y que han dejado su sello en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado 2023, en el intento frustrado por renovar el CGPJ y, el último episodio, la reforma del delito de sedición.

Este lunes, en la rueda de prensa habitual de Podemos, la coportavoz estatal del partido, María Teresa Pérez, admitió que desconocía los detalles del acuerdo con el PSOE para reformar el delito de sedición. Una afirmación insólita per se, pues fue su coalición, Unidas Podemos, la que lo rubricó. Poco después, el presidente del grupo confederal lo aclaró. Durante una comparecencia en el Congreso, Jaume Asens explicó que él fue el responsable de negociar y cerrar el acuerdo con los socialistas y ocultó los detalles a su facción hermana, Podemos, para evitar filtraciones.

Ya el pasado viernes, horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la reforma, Pablo Iglesias censuró el “secretismo” que sobrevoló a las conversaciones. De hecho, Pérez avanzó que están trabajando sus propias enmiendas porque les preocupa, entre otras cosas, que las nuevas tipificaciones de los desórdenes públicos acarreen la criminalización de protestas pacíficas.

Asens: “Podemos no estaba informado de los detalles de la negociación, pero tampoco Izquierda Unida y Comunes Los conocía muy poca gente para evitar filtraciones”

Asens confesó que, si bien Podemos estaba al tanto de que había conversaciones, no les informó ni del contenido, ni de la inminencia del anuncio. Por no saberlo, no lo sabían ni los Comunes: “Podemos no estaba informado de los detalles de la negociación, pero tampoco Izquierda Unida y Comunes”. “Los detalles los conocía muy poca gente por una cuestión de discreción, para evitar filtraciones. Sabían que se estaba negociando. Sí había esa información, pero no el detalle”, ha justificado; valorando que “el presidente [Sánchez] anunció la reforma sin que hubiera una filtración antes” y “si ha podido pasar es porque todos los implicados hemos sido muy cuidadosos”.

Presupuestos, una celebración frustrada

Unidas Podemos tiñó de épica la recta final de las negociaciones por los PGE. Proyectaron que se cerraron al alba, apurando plazos e intercambiando envites ante una mesa repleta de un café que amenazaba la pila de papeles desordenados con cifras y reclamos. La realidad no fue tal, pues las cuentas estaban cerradas el día anterior a falta de ultimar unos flecos, tal y como el ala socialista de Moncloa se encargó de transmitir: “¿Cómo es posible hacer unos Presupuestos en cuatro horas? Decidme quién puede, que le contrato”. Sea como fuere, socialistas y morados cerraron las cuentas más sociales de la historia con un gasto récord. Pero poco duró el festejo. Lo que debía ser una jornada de celebración para Unidas Podemos mutó en profundas turbulencias que avivaron viejas fracturas y recrudecieron el conflicto interno.

El sello morado impregnaba parte de las cuentas para 2023 con varias propuestas arrancadas al PSOE como la ley de Familias o la recuperación del 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación por desempleo. Sí, cierto es que la ley de Vivienda se mantiene bloqueada, pero el miércoles era un día para que los dirigentes morados alardearan con el pecho inflado y copado de medallas. No fue así. La polvareda generada por el incremento del gasto en Defensa empañó todo gracias, entre otras cosas, a la gasolina en forma de tuit de Pablo Echenique.

Echenique denunció que habían sido engañados, pero el PSOE asegura que el equipo negociador conocía todos los detalles

Uno de los principales puntos de fricción era el gasto en Defensa, pero ambas partes lo solventaron. El aumento del gasto en Defensa se haría a través de los créditos extraordinarios y planes de modernización. Así, los morados admitían que el Presupuesto del ministerio que encabeza Margarita Robles contara con un 6% más de financiación con respecto al año anterior porque el porcentaje en sus ministerios era mucho mayor. La sorpresa llegó al trascender que, finalmente, la partida creció casi un 26%. No figuraba en el techo de gasto, tal y como se pactó, pero sí en los PGE a través de los planes especiales. Es aquí donde los relatos difieren. Fuentes del PSOE aseguraban que todos los miembros de la mesa negociadora conocían los detalles. El grueso de las conversaciones lo pilotó el equipo económico de Podemos, con Nacho Álvarez al frente, con el beneplácito de Josep Vendrell, jefe de Gabinete de Yolanda Díaz, y la supervisión de la propia ministra de Trabajo. Además, la argucia de Hacienda tiempo ha que fue revelada por los medios de comunicación. En concreto, se publicó en agosto que Sánchez había informado a Bruselas de un incremento que rondaría los 2.500 millones. Con todo, el diputado y portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Echenique, se animó a denunciar en su cuenta oficial de Twitter que habían sido engañados: “Nosotros no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE, porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en Defensa y que es una vergüenza”.

CGPJ, una filtración interesada

Unidas Podemos se precipitaba al abismo de la ruptura interna. Las negociaciones de PSOE y PP elevaban los rumores de acuerdo sobre el CGPJ y las familias que conforman el espacio morado se dirigían hacia una sanguinaria guerra. De un lado, el núcleo duro afín a Pablo Iglesias con Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Echenique al frente. Del otro, Yolanda Díaz, Joan Subirats y Enrique Santiago. Unos supeditaban su apoyo a la designación de Vicky Rosell para el CGPJ, mientras los otros, abogaban por perfiles menos politizados como Joaquín Urias para no consumir la legislatura sin renovar el órgano de Gobierno de los jueces. El acuerdo era inminente y en UP ya retumbaban los tambores de guerra, pero Alberto Núñez Feijóo sucumbió a las presiones de la derecha más reaccionaria, suspendió las conversaciones y, de facto, alejó la sombra de la contienda.

Tal y como publicó ElPlural.com, así como otros medios, el CGPJ avivó los fuegos internos morados. En su momento, Pablo Iglesias designó a Enrique Santiago (IU), ex secretario de Estado para la Agenda 2030, como el encargado de velar por los intereses del espacio confederal en las negociaciones de Félix Bolaños con el PP. Aquellas conversaciones quedaron en nada, pero cuando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se dieron “un último intento”, las familias volvieron a reunirse y acordaron reeditar responsable. Santiago no estaría en la mesa negociadora, pero despachaba con Bolaños y Podemos podría nombrar a sus dos candidatos. He aquí el problema.

Los diferentes sectores de Podemos pactaron no revelar sus nombres hasta que el acuerdo se concretara para así evitar vetos de Génova. No obstante, el nombre de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no tardó en filtrarse. En una rueda de prensa en el Congreso, Echenique censuró en “la cacería” del PP contra Rosell, a la que "ya intentaron destruir con un juez corrupto que ya está en la cárcel”. “No tiene sentido que Vicky Rosell no pueda ser vocal”, abundó, recordando que “el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, no imparte sentencias; sino que es un órgano político de gobierno de los jueces”. Además, “es un insulto a la inteligencia que el PP, que ha mantenido secuestrado el CGPJ y pretendía controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás, hable de despolitizar la Justicia. Todos los candidatos van a tener un fuerte e intenso perfil político”.

Se filtró el nombre de Rosell pese a que las familias de UP pactaron no revelar sus candidatos para evitar vetos

En sintonía con él, Irene Montero, quien aseguró que no iban a “tolerar” el veto de Génova a Rosell y llevarían “hasta las últimas consecuencias” su candidatura porque es “la mejor candidata”.

Diametralmente opuesta fue la posición de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo y líder de Sumar mantuvo mutismo absoluto hasta que, durante unas jornadas sobre la reforma laboral, la prensa se interesó por su opinión: “Se está negociando y no van a tener de mi nada más que discreción”.

Eso en público. En privado, Díaz ya había escogido candidato, según adelantó El Periódico de España. Se trataba del profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, quien se presentó a las primarias de Podemos en 2015. El aspirante ya había recibido el beneplácito tanto de socialistas como de populares, puesto que atesora experiencia como letrado en el Tribunal Constitucional y su perfil ha permanecido alejado de la política desde entonces. Ha participado en eventos como la Fiesta de la Primavera organizada por el partido morado, acto al que no acudió la vicepresidenta segunda, pero no ha accedido a ningún cargo orgánico.

Mientras Yolanda Díaz facilitaba el entendimiento entre el bipartidismo para renovar el caducado CGPJ, sus compañeros de filas no hacían sino llevar la tensión a su punto de ebullición. No había más que escuchar a Pablo Iglesias para adivinar que había una guerra interna abierta. El exvicepresidente segundo y exsecretario general de Podemos denunció en su podcast que la izquierda “pudiera llegar a ceder a la presión política de PP y PSOE y a la presión mediática de la derecha y de la progresía” y "entregar la cabeza de Victoria Rosell al PP”.