El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en Les Corts, en nombre de 24 asociaciones, una iniciativa en la que le piden a los partidos políticos que se comprometan “en las normas de actuación éticas o manuales de buenas prácticas del partido a no incluir en sus listas electorales a agresores condenados por violencia machista, así como no apoyar listas electorales, por acción u omisión, de las que pudieran formar parte algún condenado por violencia de género, al considerar que constituyen una forma de blanqueamiento y refuerzo del discurso negacionista”.
Si la propuesta, finalmente, fuera vista con buenos ojos impediría que, por ejemplo, el Partido Popular pudiera alcanzar ningún tipo de pacto electoral con Vox, ya que su candidato Carlos Flores Juberías fue condenado como autor de un “delito de violencia psíquica habitual” contra su exmujer.
En el escrito, las asociaciones también solicitan a los partidos que se comprometan a defender y respetar el contenido y el espíritu de la ley integral contra la violencia de género, la ley contra esta misma lacra autonómica, así como el pacto contra la violencia de género firmado en 2017.
Por último también les piden a las formaciones políticas un compromiso para mantener la agenda política de la lucha contra la violencia machista y la protección de las víctimas en un lugar prioritario.
Los motivos
Las asociaciones firmantes explican que realizan esta petición porque “nos encontramos ante una situación de emergencia en relación a la protección de la integridad de las mujeres. El portal de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género señala que hay, al menos, 75.858 mujeres en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, 45.032 de ellas con protección policial y donde 1.077 casos están considerados de riesgo alto y 22 de riesgo extremo”.
Y añaden que, aun con esta realidad alarmante, “hay partidos políticos y movimientos sociales que alientan al rechazo y la negación de la existencia de la violencia machista. Si queremos que la aplicación de las leyes sea efectiva, y que nuestra sociedad avance firmemente hacia la erradicación de la violencia sobre las mujeres, es esencial que las instituciones, partidos políticos, agentes económicos y sociales, y medios de comunicación, asuman la responsabilidad derivada de su capacidad de influencia, y actúen en defensa de los derechos humanos, es decir, a favor de la igualdad entre las mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género”.
Por último afirman que, en este sentido, siendo las instituciones los máximos órganos de representación pública de la sociedad, “la presencia en ellas de hombres condenados por ejercer la violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas, traslada a la sociedad un mensaje de blanqueamiento de la violencia machista y refuerza el discurso negacionista. Por ello, es una exigencia democrática y una obligación ética, que los organismos estén libres de personas condenadas por violencia machista”.
Es decir, “tal y como manda la ley, los poderes públicos tienen la obligación de no ser ajenos a la violencia de género y adoptar medidas. Es por eso que deben seguir reforzando su compromiso en el avance por la consecución de uno de los objetivos más importantes que tenemos como sociedad: la erradicación de la violencia de género.
Los firmantes
El escrito lo han firmado 24 asociaciones: la Coordinadora feminista de Valencia, Alanna, la Federación de dones progresistes, Mujeres por derecho, Son de pie, Menuts del min, Asociación per la coeducació, Intersindical dones, Iaioflautas Valencia, Antígena, Fepaio, Equality momentum, As dones orriols, Moviment democratic de dones PV, Coordinadora del País Valenciano para el lobby europeo de mujeres, Xarxes violetes, Front abolicionista del País Valenciá, Mujeres moradas, Feminismes UEPV, Espai figa, UGT PV, Dones de Picanya y escolaricemos de pensament feminista Amelia Valcárcel y Casa de la dona de Silla.
