Enrique Álvarez Conde, exdirector del máster de la Universidad Rey Juan Carlos por el cual Cristina Cifuentes está imputada ha comunicado su intención de reclamar la posible “responsabilidad disciplinaria” de la juez que investiga el caso, Carmen Rodríguez-Medel, según informa Vozpópuli.
El pasado 28 de septiembre se dictó la resolución judicial y ese mismo día se conoció la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal de archivar la causa contra Pablo Casado, presidente del PP. La jueza, con el apoyo de la Audiencia Provincial de Madrid, apoyó su decisión de iniciar la investigación sobre el caso Máster, ha informado a Álvarez Conde de qué tiene que hacer para reclamar la responsabilidad del juez. La Providencia ha especificado: “Hágase saber al letrado que deberá hacer sus alegaciones de responsabilidad disciplinaria de esta instructora ante el Consejo General del Poder Judicial y no mediante escritos en esta causa”.
Una vez han sido archivados los delitos de prevaricación administrativa y cohecho para todos los imputados se ha conocido la intención de Álvarez Conde de atacar a la jueza, la magistrada ha tomado esta decisión al constatar que el Tribunal Supremo y el teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, elevaban “notablemente el estándar de indicios para abrir la investigación en la pieza C respecto al aforado Pablo Casado”.
En su informe, Navajas aludía a la falta de “indicios incontestables” que llegaran a la conclusión de que el líder del PP podría haber incurrido en un delito de prevaricación a la hora de obtener su máster en la URJC; aunque, para la jueza, esto es algo difícil de que ocurra al inicio de una investigación judicial. Por este motivo, antes de que la Fiscalía recurra a la decisión, el caso Máster se circunscribe a la falsificación de un documento publico imputado a Cifuentes. Además, siguen investigados por el mismo delito Álvarez Conde, dos profesoras de la expresidenta y la exasesora de la Comunidad de Madrid, María Teresa Feito.
Este “carpetazo” sirve de cuerda de auxilio para 19 imputados por prevaricación y cohecho. Como es el caso de algunos profesores y funcionarios que cometieron prácticas de dudosa regularidad y cuyo futuro laboral depende ahora de lo que pueda determinar la URJC.
Entre los que ya no serán investigados se encuentra Amalia Calonge, funcionaria que modifico la calificación de la política dos años después de que acabara el curso y acompañó a Cifuentes a recoger el titulo a Secretaría. Al igual que también se libra Pablo Chico de la Cámara, profesor que mandó el e-mail para que se cambiara la nota de la expresidenta regional, así como el antiguo rector Fernando Suárez. Aunque Rodríguez-Medel acata el informe de Navajas, utiliza un tono critico en ciertas partes del auto por el que decide archivar la mayor parte del caso Máster. "Mención especial merece la rectificación de notas por parte de doña Amalia Calonge en relación con el expediente de doña Cristina Cifuentes, rectificación hecha en 2014. Dice haber seguido instrucciones del profesor Chico de la Cámara”.
Son notables las contradicciones que hay entre sus respectivas declaraciones, pero en esencia el profesor coincide en que comprobó el mérito académico de doña Cristina y ordenó la rectificación de lo que no había sido “mas que un error administrativo en el expediente”. Además, habría que destacar que Álvarez Conde se ha negado a declarar ante la jueza varias veces, leyendo al menos en dos ocasiones un documento en el que afirmaba estar siendo victima de una investigación prospectiva, argumento que coincide con el del Supremo para no investigar a Casado, aunque sí reconocen trato de favor.
