La polémica alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz, se niega a demoler un edificio declarado ilegal desde el año 2009, un asunto que tiene enfrentados al Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía. Mientras los primeros dicen que no pueden ejecutar la orden de demolición impuesta en 2020, los segundos piden que se cumpla la sentencia que acató. Mientras tanto, el fiscal ha archivado la causa al no detectar un "menosprecio al principio de autoridad" o desobediencia por parte del Consistorio.
El edificio marbellí de la discordia
El protagonista de un enfrentamiento a tres es un edificio denunciado en el año 1998 y que fue declarado ilegal por sentencia firme en el 2009. Sin embargo, ha sido en el 2020 cuando se le impuso una orden de demolición que, cuatro años después, sigue sin ejecutarse por la negativa del Ayuntamiento de Marbella, tal y como publica este martes elDiario.es.
Ante la inacción del consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidió a la Fiscalía que tomara alguna medida tras comprobar que la colaboración por parte del equipo de la popular Ángeles Muñoz para cumplir la orden de demolición que lanzó en el 2020 estaba siendo "sencillamente nula", por lo que multaron a la alcaldesa con 1.000 euros y elevaron las quejas en forma de denuncia al entender que esta estaría incurriendo en un delito.
No parece comprender que tiene orden de demolición
Tras esto, el Ministerio Público abrió diligencias pero no ha sido hasta ahora, que Muñoz ha perdido el aforamiento tras las elecciones generales de julio de 2023, cuando este caso ha terminado. La Fiscalía ha decidido dar carpetazo a esta causa al entender que aunque la conducta del Ayuntamiento "pudiera considerarse obstaculizadora o dilatoria, algo que debe haber llevado al agotamiento, asfixio y hastío" de los afectados, el Consistorio lo hizo utilizando los recursos previstos en la ley. Entiende que no hay un "menosprecio al principio de autoridad".
En el decreto de archivo, dictado el pasado 7 de marzo, el fiscal sostiene que el propio TSJA acabó abriéndose a declarar la "imposibilidad material" de que el Ayuntamiento cumpla la sentencia de demolición. Pero fue la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA la que descartó esa opción el pasado 14 de febrero, tres semanas antes del archivo, en una resolución en la que volvió a criticar los incumplimientos por parte del Consistorio.
"Realmente, el Ayuntamiento no parece comprender que tiene ordenada una demolición para hacer efectiva la sentencia y que esta Sala tiene la obligación de ejecutar lo juzgado", reza en ese documento, en el que los magistrados insistían en hacer valer su potestad de hacer ejecutar lo juzgado rechazando esta máxima de imposibilidad material. Además, ese mismo día, el TSJA volvió a elevar la petición al Ayuntamiento para que demoliera el edificio.
Un millar de licencias ilegales de la época del Gil
La investigación a Muñoz tiene su origen en los tiempos de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento, cuando las licencias de obra se entregaban sin tener en cuenta el planeamiento urbanístico o los intereses de vecinos. Desde entonces más de mil licencias fueron anuladas por dejar a los edificios en situación ilegal, lo que han ido arrastrando los gobiernos municipales sucesivos. Mientras algunos se planteaban demolerlos otros dirigentes optaron por legalizar lo ilegal, como ha sido el caso de la actual alcaldesa marbellí.
Muñoz aprobó un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para amnistiar las construcciones ilegales, sin embargo, en 2015 el Tribunal Supremo anuló este plan, por lo que todo volvió al punto de inicio. Actualmente el Ayuntamiento cuenta con un informe interno del área de Hacienda en el que se cuantifica que demoler ocho edificios ilegales -los que están con esta petición en los tribunales- e indemnizar a sus 600 propietarios le costaría 246 millones de euros.
Esto les situaría en la ruina dado que Marbella tiene un presupuesto de 361 millones para 2024 y una deuda aproximada de 271. Por eso, el Consistorio argumenta que hay una "imposibilidad material" de hacerlo, y propone que se tengan en cuenta otras alternativas a la demolición, como puede ser la expropiación, alcanzar acuerdos con los afectados o la legalización de los edificios.
Uno de los casos en los que los vecinos piden expresamente el cumplimiento de la sentencia pivota sobre un chalet de tres plantas y 416 metros cuadrados, que sita sobre una parcela de 854 metros cuadrados con piscina y jardín, construida sobre una parcela dentro de la conocida urbanización Artola que a priori debía estar dedicada a equipamiento público. El titular es la mercantil Brisas e Ventos Investimentos, S.L.
Esta construcción tiene ya un largo recorrido judicial dado que en 2007, un juzgado penal 8 condenó al entonces concejal Julián Muñoz -ahora en un delicado estado de salud- y a otros cuatro por prevaricar al otorgar la licencia. Años más tarde, en 2009, el TSJA declaró ilegal este edificio y fue en 2017 cuando los vecinos consiguieron que se dictara auto de ejecución forzosa y que el Registro de la Propiedad lo inscribiera. El Ayuntamiento insiste en que demolerlo es muy costoso y desproporcionado, dado que allí viven dos menores de edad.
Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes
