El Ayuntamiento de Marbella imputó 721 horas extra a un trabajador del servicio de limpieza en abril del 2019, lo que supondría una sobrecarga laboral de no ser porque no es posible. El mes en cuestión no sobrepasa las 720 horas y no es realizable que haya más horas laborables que horas tiene un día natural. A pesar de lo excepcional que pudiera parecer este caso, no lo es en absoluto. Según apunta eldiario.es, en aquella época, algunos empleados municipales superaban las 300 horas extra en un mes, otro figuraba con 2.600 horas extra en un año o las casi 50.000 computadas a otro empleado en el mes de marzo de ese mismo año. Anomalías que ahora están bajo la lupa de Antifraude.

Ha pasado un lustro, pero la Oficina Andaluza Antifraude se ha fijado en el Ayuntamiento de Marbella, encabezado por la popular Ángeles Muñoz, constatando que el consistorio pagó horas extras por encima de sus posibilidades. De hecho, la entidad así lo constata en su informe, donde llega valorarlo como “imposibilidad física”. Así, según el citado medio de comunicación, ha instado a la corporación que abra una investigación interna para depurar responsabilidades y amagando con elevar el asunto al Tribunal de Cuentas.

En los tres primeros trimestres de 2019 se computaron 188.849 horas extra en el servicio de limpieza, lo que suponen 27.000 jornadas laborales; siendo abril y marzo los meses con mayor carga. “La realización de las horas extraordinarias que reconoce el Ayuntamiento […] implican prácticamente el doble de la jornada máxima legalmente establecida. Es una imposibilidad física que un trabajador a jornada completa desarrolle de forma extraordinaria otra jornada completa en el mismo periodo de tiempo”, expone Antifraude en su resolución.

Solicitud de Antifraude

La Oficina sospecha de la falta de control de Recursos Humanos de Marbella, a pesar de los avisos vertidos por el interventor para atajar el problema. No obstante, profundizan varios niveles y apuntan a que los pagos no se relacionaban con los servicios prestados. En el escrito subrayan que el “alto número de gratificaciones extraordinarias por conceptos como festivos o trabajos nocturnos inducen a pensar en la posibilidad de que se estén usando para retribuir otros conceptos que no corresponden”.

Organizaciones sindicales como CGT y SEPMA ya valoraron la posibilidad de que el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz (PP) inyectara dinero a ciertos trabajadores afines al Partido Popular antes de los comicios del mes de mayo de 2019. Cuestión que ahora está en manos de Antifraude, quienes han instado a la corporación a abrir una investigación para “depurar responsabilidades”. Exigen una “revisión pormenorizada” de los pagos por horas extra para reclamar el “reintegro/recuperación de habares indebidamente percibidos” y examine si esto no obliga a elevar el asunto a instancias del Tribunal de Cuentas. Asimismo, se solicita a la corporación municipal que escudriñe su estructura salarial para “determinar si los conceptos extraordinarios que se abonan de forma recurrente” están dentro del marco legal.

Cinco millones de euros

Los pagos a estos trabajadores por supuestas horas extra han supuesto para las arcas públicas un desembolso de 4,8 millones de euros. Cada hora extra se paga a un 50% más, por lo que las 188.849 que se generaron en los tres primeros trimestres de 2019 supondrían un valor aproximado a los 5 millones. Una práctica que se habría prolongado, según eldiario.es, desde 2019 hasta el pasado ejercicio.

El concejal titular de este departamento, Diego López, asumió la responsabilidad en el 2017, tras ser el chófer de Ángeles Muñoz y aparecer en las grabaciones de la UDEF, en las que aconsejaba por teléfono al hijastro de la regidora, Joakim Broberg, procesado por narcotráfico y blanqueo de capitales. En aquellas charlas, López sugería a su interlocutor que se fijara en su padre y no cerrara según qué asuntos por teléfono. Asimismo, el edil asumió las competencias de Medio Ambiente y Playas en 2023, sumándolas a las que ya tenía bajo sus dominios de Limpieza y Obras.

López ya tuvo que sentarse en el banquillo a testificar ante un juzgado de instrucción por un presunto caso de nepotismo. Fue en el año 2020, tras una denuncia de la Fiscalía, que le acusaba de contratar a aproximadamente cien trabajadores saltándose los procesos de bolsas de empleo públicos previamente constituidas. Entre esta terna se encontraban diversos familiares del edil. Según eldiario.es, muchos de los trabajadores lograron una plaza para siempre evitando las oposiciones y a través de una bolsa que el Ministerio Público consideraba fraudulenta. No obstante, la causa se archivó contra el criterio del fiscal.

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