Peculiaridad sólo en España
La acusación popular es una peculiaridad española que no tiene equivalente en el Derecho europeo y detrás de la cual puede haber intereses dudosos. Existen discrepancias entre los juristas sobre esta figura, recogida en la Constitución en su artículo 125, que nació con el objetivo democratizar un proceso en el que el fiscal puede verse influido por los intereses del Gobierno de turno.
La causa por el franquismo y los pagos en Nueva York
Si la desestimación de la acusación popular en casos en los que no exista la acusación de perjudicados directos o de la Fiscalía se aplicara con carácter retroactivo, el juez Baltasar Garzón vería archivarse dos de las tres causas abiertas contra él en el Supremo: la referida a su investigación de los crímenes del franquismo y la que se ocupa de los pagos durante su estancia académica en Nueva York.
Las escuchas de Gürtel
Garzón solo tendría que hacer frente a la causa de las escuchas del caso Gürtel, donde sí están personados como perjudicados los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.
La reacción de la derecha
La decisión del Constitucional podría abrir una nueva brecha al PP y a la prensa afín para atacar al Gobierno y a los jueces, cuando todavía no se ha cerrado la polémica por la decisión del tribunal de permitir a Bildu estar en las elecciones del 22 de mayo, después de que el Supremo le hubiera vetado. El diario ABC, que desvela este viernes la intención del Constitucional, ya advierte, citando fuentes jurídicas, de las consecuencias que podría tener este nuevo revés al Tribunal Supremo. Alegan que corresponde al Supremo y no al Constitucional determinar cuándo la acusación popular está o no legitimada para pedir la apertura de juicio oral.
